Son el cuerpo policial más temido. Encapuchados, armados con fusiles de asalto, sin más identificación que la calavera que lucen como insignia, sus siluetas negras y las camionetas en las que se desplazan se han convertido en una estampa habitual en los barrios venezolanos. Siembran el terror a su paso.

Son los comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, una unidad de élite activada en 2017 por orden directa del presidente Nicolás Maduro. Su misión, dijo el mandatario, es el “proteger al pueblo frente al crimen”. Solo que al final se han convertido en un equipo de exterminio que entra a hierro en los barrios más humildes asesinando y torturando a delincuentes, pero también tomando el control de la droga y amedrentando a opositores. Tomaron de hecho como suya la insignia de la temida BOPE de Río de Janeiro, cuyos métodos son parecidos, la calavera.

Al menos 23 personas murieron en una barriada de Caracas en un operativo que una unidad policial especial describió como un enfrentamiento contra grupos criminales. Los nuevos cuerpos fueron reportados ayer. Hasta el momento, solo había declarados 15.

De acuerdo con el periódico “Últimas Noticias”, cercano al oficialismo –después de que empresarios afines al Gobierno lo adquirieran-, los choques entre bandas y enfrentamientos de funcionarios policiales con delincuentes ocurridos en La Vega, un área del oeste de la ciudad, que durante las protestas del 2017 se convirtió en bastión opositor, donde los estudiantes se refugiaban.

El despliegue de integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y Unidades Operativas Tácticas Especiales (UOTE) en La Vega, donde operan varias bandas delictivas, comenzó el viernes y se extendió hasta el sábado, indicaron activistas de derechos humanos.

“Es, hasta dónde recuerdo, el operativo de ‘seguridad ciudadana’ con mayor cantidad de víctimas”, escribió Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en su cuenta de Twitter. Sostuvo: “Da la impresión de que este tipo de acciones, más allá de intentar enfrentar bandas criminales, lo que busca es ejercer control sobre la comunidad mediante métodos represivo para impedirle que ejerza su derecho a reclamar”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional opositora, Juan Guaidó, escribió: “Venezuela sufre los efectos de que el régimen por años armó bandas criminales, ampara el narcotráfico y desde el lenguaje de odio secuestra el poder”. Además, recordó que la ONU ha solicitado el desmantelamiento de las FAES, a las que llamó un “órgano de exterminio para el control social”.

Activistas dijeron que las bandas quieren consolidar su poder en el sur oeste de la ciudad. Esos grupos, dedicados a la extorsión, secuestros, entre otros delitos; usan a la población civil como escudo, pero también hay ejecuciones extrajudiciales por parte de autoridades, agregaron otros activistas que declinaron ser identificados por temor a represalias.

El escuadrón de elite FAES también ha sido acusado por la oposición política, Naciones Unidas y venezolanos de clase trabajadora de realizar ejecuciones. Se hablan de cientos de muertos “ajusticiados” en nombre de la “ley del plomo”.

Liliana Ortega, fundadora de Cofavic, una asociación pro derechos humanos que asesora legalmente a las familias que denuncian,: “Con frecuencia nos encontramos con retrasos en la práctica de diligencias que son imprescindibles para la investigación y con negligencias en las autopsias”. “La inmensa mayoría de los casos nunca llegan a juicio”, concluye.

Briceño indica que “hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total”, y funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

El experto cree que la reacción del Gobierno ante las denuncias contra la FAES muestra que “en realidad están orgullosos por lo que se está haciendo”. “No creen en el sistema penitenciario, no creen en el sistema judicial, esta es su única política de seguridad”. Y agrega:

“No hablamos de la actuación de elementos aislados. Se trata de una política de estado. Y es una política de exterminio”.