Cristina Bravo Bassi Candidata a Convencional Constituyente por la Región de Atacama.
Sabemos que, a lo largo de los años, la seguridad siempre ha sido uno de los elementos centrales en el quehacer estatal, desde aquellos Estados autoritarios hacia los que hoy conocemos como Estados Democráticos, a partir de la evolución de la obligación estatal, también ha debido modificarse el concepto de seguridad.
Anteriormente el concepto de seguridad se preocupaba principalmente en garantizar el orden a partir de la expresión de la fuerza y la supremacía del poder del Estado, sin embargo, hoy en día, cuando hablamos de seguridad, no sólo debemos enfocarnos hacia la lucha de la delincuencia, sino además, debemos establecer directrices para instaurar un contexto pacífico para el desarrollo y las dinámicas de y entre las diversas comunidades y familias que habitan el país y la región de Atacama. El interés del desarrollo y ejecución de políticas públicas y programas sociales deben considerar esencialmente aquellas labores que puedan, primero que todo, prevenir, y luego controlar, todos aquellos factores y elementos que puedan generar violencia y percepción de inseguridad; es necesario comprender que hoy en día no es suficiente aplicar acciones represivas de violencias, sino también, hacerse cargo de lograr conducir y prevenir todo tipo de violencias.
Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), reveló que en Atacama, durante el año 2019, la victimización, es decir, la cantidad de delitos sufridos por los hogares, disminuyó a un 17.6% (el 2018 alcanzó un 24.4%), estableciendo que 5.647 hogares en Atacama dejaron de ser víctimas de delitos, sin embargo, un 85,9% de los encuestados, dicen haber percibido un aumento en la comisión de delitos, influyendo directamente en que existe, (aun habiendo bajado la victimización), una sensación de inseguridad.[i]
En Atacama, podemos hablar sólo de seguridad ciudadana, pero, sería mejor que empezáramos a promover una seguridad humana. Según se da mención en la resolución N°66/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “la seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”[ii]. La seguridad humana busca establecer elementos integradores en relación a los multi-factores que inciden en la delincuencia, estableciendo trabajos constantes entre las policías, los municipios, el Estado y por supuesto las comunidades, creando soluciones locales a las problemáticas de inseguridad mediante una mirada de la prevención y resiliencia (capacidad de adaptarse a los cambios). Estos dos últimos elementos, son esenciales en la comprensión y solución de problemáticas en torno a la seguridad.
Es por lo ya expuesto que, la mirada constitucional y los elementos normativos que la conducen, deben promover el orden social, donde las familias y comunidades en general, puedan desarrollarse en los diversos contextos urbanos, promoviendo los derechos y los deberes, estos últimos esenciales, para vivir la vida en sociedad. Del mismo modo, el fortalecimiento de las policías y la creación de una policía local- comunitaria, junto a modificaciones al código penal y procesal penal, acompañadas de políticas públicas específicas de reinserción de jóvenes- adolescentes infractores de ley, resultan relevantes al momento de poder concretar en la práctica, la seguridad humana y la mejora en la calidad de vida de los chilenos, sobretodo, si nos enfocamos en el desarrollo y evaluación sostenible de políticas preventivas y enérgicas, ante tanta vulnerabilidad que ha generado la delincuencia.
[i] https://goreatacama.gob.cl/2020/05/28/victimizacion-baja-a-176-en-la-region-de-atacama-en-2019-la-tercera-menor-cifra-a-nivel-nacional/
