Este lunes 14 de junio, está agendada la realización del primer juicio oral en la jurisdicción de Atacama bajo la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas, el que se desarrollará en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó.
Según explicó el magistrado Alfonso Díaz Cordaro, quien presidirá la sala y es el primer juez acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como entrevistador en la jurisdicción, se trata de un verdadero hito para la región, puesto que esta ley tiene como objetivo generar un cambio sustancial en la manera de enfrentar la declaración judicial de un niño, niña o adolescente.
“Es una causa por un delito de carácter sexual, con una víctima que es menor de edad y contaremos con un intermediador que hará las preguntas a la niña ofendida. Como tribunal tendremos que resolver y en mi rol de juez presidente de la sala me preocuparé que el proceso se apegue a lo que dispone la Ley 21.057”, dijo.
En particular, lo que se busca es que se le entregue un trato digno a la niña, que se respeten todos sus derechos y se evite la revictimización secundaria. “Esto es algo que provoca mucho daño en los niños y es uno de los puntos centrales que busca esta ley”, declaró.
El magistrado Díaz recordó que el juicio se desarrollará por Zoom y la niña se ubicará en la sala especial de toma de declaraciones del tribunal, en un entorno seguro, cómodo y agradable, para que el intermediador -del Ministerio Público- transmita las preguntas en términos adecuados para la niña, según su edad y contexto socieducacional.
“Esta ley es un gran avance para evitar la revictimización de los niños, que era el gran problema que tenía el sistema penal en su versión antigua y con esta ley esperamos se supere totalmente”, explicó.
El Poder Judicial en Atacama, previo a la entrada en vigencia de la ley, realizó simulaciones en las cinco salas disponibles, con el objetivo de preparar todos sus sistemas y equipos humanos para una adecuada entrevista para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves.
Este ha sido un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio de Justicia, Carabineros y la PDI, entre varias otras instituciones.
