Por: Patricio Cartagena
Secretario General
Cámara Minera de Chile
La Moción Parlamentaria (Boletín N°12093-08) sobre el Royalty se encuentra en la Comisión de Minería del Senado, la que adecuadamente ha abierto un diálogo ciudadano sobre sus alcances, con comunidades, gremios, empresas y academia. Se valora esta iniciativa y esperamos que sea lo más amplia posible al incidir en el futuro de la minería y en el bienestar de las regiones.
A fin de situar debidamente el debate y la legitimidad de las iniciativas en curso, por Royalty entendemos “la contraprestación a la que tiene derecho el Estado debido al deterioro que experimenta su patrimonio por la extracción de recursos naturales no renovables” (Hernández, 2012).
Hasta ahora la discusión se ha centrado mayormente en definir la renta minera, su mayor o menor margen de disponibilidad y la modalidad más adecuada de recaudación (ad-valorem o sobre utilidades), teniendo en cuenta la actual diversidad productiva de las faenas mineras en Chile.
Así se calcula que las rentas mineras privadas de cobre fueron del orden de 2,2% del PIB anual en el período 2010-19 (Jorrat, 2021), pero hay diversos estudios, cálculos y proyecciones. Esta perspectiva del debate es urgente y necesaria de resolver, abogamos que, para ello, Cochilco -como lo hizo en el pasado 2003-2004-, junto a un panel internacional, elabore un informe técnico-financiero que fije una línea base para la correcta definición de política pública. En esto la Moción Parlamentaria carece de los fundamentos necesarios para sustentar la modalidad y tasa que se propone, no favoreciendo el debate.
Con la misma relevancia creemos que debemos debatir ahora sobre el destino de los recursos que se han recaudado y que se generen a futuro por esta contraprestación=compensación+legitimidad.
La historia indica que por concepto de ingresos al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) en el período 2010-19 recibió en promedio el 50% de lo recaudado por concepto de IEAM (del orden US$200-300 millones). ¿Cuánto de ello fue invertido en regiones mineras y en universidades regionales? Sabemos de la falta de trasparencia en estos datos y en el factor de éxito de sus inversiones, Corfo y Conicyt tienen la palabra.
La Moción Parlamentaria sí acierta en relevar el debate en la descentralización fiscal y en la afectación específica de los recursos para las regiones mineras que sustentan la actividad minera, ya que por décadas han sido postergadas a pesar de que son el territorio en que se genera la mayor riqueza del país y sufren el mayor detrimento por su actividad.
Lo propio sucede con las comunidades de las áreas de influencia de las operaciones mineras y, también los pueblos originarios que ancestralmente han habitado en dichos lugares.
Hoy se dan las condiciones de gobernanza para una adecuada gestión de estos recursos para regiones mineras, con nuevas autoridades electas (Gobernadores y Alcaldes) y con instrumentos de inversión social ampliamente validados (FNDR, FONDECO, BIP, por señalar algunos), y por cierto el FIC, pero definitivamente focalizado para fortalecer la capacidad en desarrollo tecnológico e innovación de las universidades regionales.
Estamos seguros que muchas de las compañías mineras que operan en el país, han hecho sendos aportes a las arcas fiscales, los que se han transformado en el desarrollo de programas sociales, entre otras acciones de los gobiernos de turno; lo mismo con las comunidades. Con todo, luego de la discusión que se ha llevado adelante en estos meses, en un escenario diferente en Chile, las mismas compañías seguramente estarán muy dispuestas a una mayor contribución que vaya en directo beneficio por una mejor calidad de vida en las regiones mineras donde operan, esto generará un círculo virtuoso e inclusivo, transformando el capital natural por un mejor capital humano, dotando de sustentabilidad a los territorios que tanto han dado al desarrollo del país.
Pero nada de esto será posible, si el camino no está bien trazado y legislado. Para que se haga efectivo, aspiramos a más minería competitiva en regiones que participen de su riqueza minera y construyan armónicamente su propio desarrollo sostenible. La iniciativa de un buen Royalty tiene la legitimidad política y social para este objetivo país.
