En el marco de los objetivos institucionales que se trazó el Ministerio Público en su plan estratégico 2016-2022, continúa muy presente el propósito primigenio de la Reforma Procesal Penal de incorporar a las víctimas como sujetos de derecho en el rol de actores claves en la persecución de los delitos. En tal sentido, especial relevancia ha otorgado la Fiscalía a la investigación de delitos asociados a la violencia de género, aciago fenómeno consistente en actos violentos ejercidos contra una persona sólo por su género y que afectan de forma lesiva la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una persona.
La intervención de la Fiscalía en este tipo de delitos tiene dos objetivos centrales, por una parte: investigar y llevar ante los tribunales de Justicia a sus responsables, y por otro lado, un propósito primordial: dar efectiva protección a las víctimas mediante la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos cuyos profesionales disponen de eficientes y oportunos protocolos de atención coadyuvados de eficaces medios logísticos orientados a reparar emocional y materialmente a las víctimas, logrando incluso extraerlas del ámbito en que sufrieron los atentados poniéndolas a salvo de sus victimarios.
Sin embargo, para el logro de los objetivos mencionados la Fiscalía requiere necesariamente que la víctima, o sus seres más cercanos e incluso terceros formulen una denuncia oportuna a fin interrumpir la dinámica delictual y brindar las medidas de protección pertinentes, y si bien en el último tiempo ha habido una mayor concientización sobre la importancia de denunciar cualquier acto de constituya violencia de género, ello aún no se corresponde con la realidad, y en general las víctimas no denuncian por motivos inhibidores tales como el temor a ser responsabilizadas de la disolución de su familia, el miedo a represalias por parte del agresor o la vergüenza de verse expuestas públicamente.
No obstante lo anterior, para el Ministerio Público constituye una tarea permanente concitar la confianza de las víctimas y así lograr brindarles protección y mantener su adhesión durante las distintas etapas que contempla toda investigación penal y la eventual verificación de un juicio oral.
Por de pronto la Fiscalía de Chile no escatima esfuerzos por brindar las más oportuna y eficiente protección a las víctimas de violencia de género, gestiones que van desde la petición de medidas cautelares contra los imputados -incluso antes de su formalización- hasta aportes económicos y traslados, contribuyendo -desde su específico ámbito de acción- a la prevención y erradicación de dicho fenómeno delictual, correspondiendo otro tanto a las restantes instituciones estatales y a la propia comunidad puesto que, finalmente, toda la sociedad es responsable de contribuir a su erradicación y desactivación de la impunidad de los agresores.
