Con el objetivo de estandarizar el manejo de osamentas, asegurar una adecuado resguardo y tratamiento de la evidencia; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto al Poder Judicial, Ministerio Público, PDI y Carabineros de Chile, firmaron un protocolo de acción para instituciones que auxilian a la justicia, en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Así lo destacó la Seremi de Justicia y DD.HH, Margarita Contreras, quien señaló que esta iniciativa establecerá la coordinación institucional a través de una mesa intersectorial para auxiliar la administración de justicia en la búsqueda de víctimas de violaciones de los derechos humanos, “lo que significará un avance relevante en ese tipo de procedimiento, reafirmando el compromiso del Estado de Chile ante la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006”, añadió.
El protocolo fue firmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; el Fiscal Nacional (S), Xavier Armendáriz; el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yañez y el Director General de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, instancia que fue acompañada por Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren y telemáticamente por diversos servicios e instituciones públicas.
En la ocasión el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, valoró el trabajo intersectorial y destacó que “es posible avanzar al establecer reglas mínimas de las actuaciones que cada una de nuestras instituciones debe desarrollar, en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas”.
Esta iniciativa permitirá a las instituciones comprometidas emplear el procedimiento más adecuado para fijar el lugar del hallazgo de una osamenta e identificar sus características, buscando recuperar de manera minuciosa los restos humanos encontrados, junto con las demás evidencias. El hallazgo de un lugar de inhumación no sólo puede contribuir a la posible localización de una persona desaparecida, sino que también a determinar si se ha cometido un delito y, eventualmente, la identidad de los responsables.
La autoridad regional indicó que la firma de este protocolo se concreta producto de la coordinación de una mesa de trabajo que contó con representantes de otras instituciones como el Servicio Médico Legal, Servicio de Registro Civil e Identificación y de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo objetivo específico fue establecer un estándar básico de manejo y resguardo del sitio del hallazgo de osamentas.
