Desde que el izquierdista Pedro Castillo surgiera de una relativa oscuridad para ganar la presidencia a principios de este año, algunos inversionistas han tenido que lidiar con las posibles implicaciones que esto tiene para las gigantescas minas de cobre, zinc y plata de la nación sudamericana.
Durante su campaña, el ex activista sindical rural se comprometió a nacionalizar algunos activos energéticos y bloquear ciertos proyectos con la intención de tomar una mayor parte de las ganancias extraordinarias del mineral para combatir la pobreza. Sin embargo, como presidente, Castillo moderó su enfoque, y alivió los temores de que un entorno operativo más oneroso descarrilaría las inversiones necesarias para ayudar a llenar una brecha de oferta de cobre que se avecina.
Luego, el viernes, la nueva primera ministra, Mirtha Vásquez, anunció que a cuatro minas en la región andina de Ayacucho no se les permitirían extensiones en sus cronogramas operativos debido a preocupaciones ambientales. Con dos de esas minas de metales preciosos operadas por Hochschild Mining Plc, las acciones de la compañía se desplomaron este lunes. Las acciones en otros productores peruanos incluyendo Southern Copper Corp. y Cia. de Minas Buenaventura SA también se desplomaron.
“El acto unilateral y arbitrario de renunciar a los permisos de operación ignora el estado de derecho al deshonrar los acuerdos contractuales y el derecho legal que tienen las empresas peruanas de extender licencias”, dijo el analista de BTG Pactual, César Perez-Novoa. “Es una mala idea y una mala política”.
Al tiempo que la primera ministra decía que una comisión negociaría los términos para los cierres, continuó diciendo que las cuatro minas ya tenían una fecha de cierre planificada y que el proceso cumpliría con la ley y no se haría de forma unilateral.
Las tensas relaciones comunitarias han caracterizado el surgimiento de Perú como un importante productor de cobre y zinc. Pero si bien el cierre de las minas podría apagciguar a los grupos con quejas ambientales, podría también haber cierto retroceso entre los afectados por la pérdida de puestos de trabajo. El cierre de las minas también erosionaría los ingresos gubernamentales necesarios para que los programas sociales aborden las desigualdades.
El director ejecutivo de Hochschild, Ignacio Bustamante, señaló que el mensaje de la primer ministra no está claro, y que la compañía defendería sus derechos. Las dos minas Hochschild tienen licencias relativamente cortas. A medida que se explotan los yacimientos, se perforan nuevas áreas a su alrededor para extender la vida útil de la mina, y las licencias se van actualizando continuamente, en lo que Bustamante llamó un “documento dinámico”.
Los funcionarios de las empresas tienen programado reunirse esta semana con las autoridades para discutir la propuesta de cierre, dijo Víctor Gobitz, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Si bien tiene buenas intenciones, es posible que la primera ministra no sea plenamente consciente de proceso “dinámico” en las minas subterráneas, por lo que enfrentaría la oposición del Ministerio de Minería, dijo.
