Paulo Egenau, director social Hogar de Cristo
Hace una década que en Hogar de Cristo insistimos en declarar a la pobreza como una vulneración a los derechos humanos, en el sentido de que “Nacer y crecer en pobreza y vulnerabilidad” (título de un estudio que realizamos en 2020 con la alianza para la Erradicación de la Pobreza Infantil) tiene consecuencias perjudiciales para el desarrollo de las potencialidades en la vida de las personas, tanto en el presente como en el futuro.
Como país no podemos seguir aceptando y normalizando la pobreza. Por eso estamos proponiendo una Iniciativa Popular de Norma, que permita asegurar un estándar de vida digno a todas las personas, es decir, al menos por encima del umbral de la pobreza. El actual régimen de protección social en Chile está diseñado sin una referencia mínima vital que garantice a las personas y hogares la satisfacción de sus necesidades básicas. A pesar de las actuales políticas, planes y/o programas de asistencia social (como bonos condicionados); seguridad social (como el actual régimen de pensiones); o el sueldo mínimo (que no considera la contribución del salario de cada trabajador o trabajadora a su hogar), existen familias que viven por debajo del umbral de la pobreza, a pesar de contar con miembros insertos laboralmente y recibir asistencia por parte del Estado o de prestadores privados de seguridad social. Esto implica que la protección social en Chile es incapaz de garantizar a los habitantes del país un estándar de vida mínimamente razonable y que, en tiempos de crisis, el gasto social puede ser revertido (como ocurrió a raíz de la crisis financiera del año 1982) o los planes de emergencia pueden no estar diseñados para mantener a los hogares por encima del umbral de la pobreza (como pasó con las primeras medidas para afrontar la pandemia en el año 2020).
La nueva Constitución puede contribuir a asegurar un estándar mínimo vital para todas las personas, incorporando, dentro de su declaración de derechos, el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a un estándar mínimo vital, entendido como el acceso a un conjunto básico de bienes que le permita vivir por encima del umbral de la pobreza. El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar el respeto, la protección, la provisión y la facilitación de este derecho, en conformidad con los principios de progresividad, de no-regresividad y de no-discriminación”.
Esta norma constitucional, nos parece, contribuiría decisivamente a construir un país más digno y más justo para todos y todas.
