Lo ocurrido es resultado de una campaña de deslegitimación del uso de la fuerza por parte de la policía desde un sector con poder político y comunicacional. Eso se reproduce en enfrentamientos con vendedores ambulantes, desalojos de terrenos y manifestaciones. Los migrantes ilegales lo saben y lo aprovechan. El presidente -quien en el pasado ha condenado a carabineros en duros términos sin tener antecedentes- debería reconocer ese error y comprometerse a que los policías tendrán derecho a un debido proceso y a la presunción inocencia.
El país está en estado de shock por la brutal agresión que sufrieron dos carabineros en Iquique a manos de cuatro sujetos de nacionalidad venezolana, que habían ingresado ilegalmente al país por Colchane. Los policías actuaban por una denuncia de tráfico drogas e intentaron efectuar un control identidad.
El incidente está grabado, los videos se han viralizado y lo que nos preguntamos todos lo chilenos es por qué los policías optaron por defenderse con las manos, arriesgando sus vidas y no hicieron uso de sus armas de servicio en circunstancias que, de acuerdo con el protocolo que regula su empleo tenían pleno derecho de hacerlo.
En el capítulo referido al “Uso Armas De Fuego” se señala textualmente que “El empleo de las armas de fuego debe considerarse una medida extrema …que solo deben emplearse en circunstancias excepcionales que supongan la existencia de un peligro inminente de muerte o lesiones graves”. Requisitos que como se aprecia en los videos claramente se cumplían al punto de que uno de los policías golpeado con manoplas resultó con lesiones graves por las que tuvo que ser trasladado en avión a Santiago.
Para entender lo inexplicable, que dos carabineros optaran por arriesgar sus vidas en vez de usar sus armas de servicio hay que retroceder un poco en el tiempo hasta el estallido social que se tradujo en un enfrentamiento callejero nunca antes visto, cotidiano masivo y generalizado en todo el país que superó con creces la capacidad de la policía para controlar el orden público (y que que resultaron en 8.575 víctimas asociadas a presuntas violaciones a los DDHH, 919 carabineros imputados , 63 formalizados, todos con medidas cautelares , en 29 causas, sin considerar a los que, en muchos casos por presiones políticas, fueron dados de baja inmediatamente quedando en la miseria y en la calle).
También resultó en miles de manifestantes detenidos de los cuales 144 están en la cárcel procesados y/o condenados por delitos graves tales como homicidio frustrado, incendio, saqueos, ataque de obra a carabineros. Pero estos -a diferencia de los carabineros -hoy tienen al senado trabajando horas extras para darles una amnistía.
La violencia política estuvo acompañada de una campaña orquestada de fake news y denostación de carabineros por las redes sociales, con fuerte apoyo político de parlamentarios y dirigentes de la izquierda que los inculpaban y acusaban en muchos casos sin pruebas.
Se creó una cultura de irrespeto y desprecio hacia carabineros que son vistos como violadores de los DDHH. Lo ocurrido en Iquique se repite en los enfrentamientos con vendedores ambulantes, por ejemplo.
“Brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo. No hay excusas, matices ni explicación que valga. Basta por la chucha”
Este fue el “veredicto” instantáneo y lapidario de nuestro actual presidente electo cuando se produjo el incidente en Panguipulli, donde un carabinero haciendo uso de su arma de servicio mató a un malabarista en la calle en defensa propia.
Pero durante meses se habló del asesinato de un joven malabarista -llamando a la refundación de carabineros- de una policía corrupta y un gobierno deslegitimado, se levantó el slogan “no se puede callar el arte con las balas”, de la atrocidad cometida por el policía, hubo ataques a comisarías, quema de edificios públicos, marchas violentas en Plaza Italia.
El Ministerio Público arremetió con todo contra el carabinero, solicitando la prisión preventiva que fue concedida y formalizándolo por homicidio. Al final la justicia estableció que el imputado había actuado en legítima defensa, como era evidente desde el primer momento para cualquier persona mínimamente objetiva.
Que doloroso, desconcertante y difícil de sobrellevar debe ser para un joven policía sentirse estigmatizado e inculpado por rostros de televisión, lideres políticos, opinólogos y el mismísimo fiscal de la causa.
Algo parecido ocurrió con el joven que cayó al Mapocho “empujado por un policía”. La Defensora de la Niñez condeno la “acción criminal” cometida por funcionarios de Carabineros de Chile”, agregando que “el sistema chileno es más cruel que el coronavirus”.
Igual que en el caso del malabarista la fiscal a cargo del juicio -Ximena Chong- le imputó homicidio, solicitó y obtuvo la prisión preventiva del cabo Zamora quien fue dado de baja. Con el avance de la investigación, el cabo Zamora ha logrado acreditar su inocencia, hoy esta en su casa sin prisión preventiva y pronto la causa será sobreseída.
Como en Iquique, se trata de carabineros jóvenes (cabos) que saben que en cualquier momento y sin fundamento alguno pueden ser acusados de abuso de la fuerza y terminar cesantes, formalizados y arruinados. Por eso, más allá de lo que diga el protocolo están aterrorizados y paralogizados por el miedo y prefieren exponer su integridad física a usar su arma de servicio.
Lo vivido en Iquique es el resultado de una campaña de deslegitimación de uso de la fuerza por parte de la policía impulsada por un sector de la sociedad con poder político y comunicacional, que los lleva a inhibirse en el control del orden público y a no usar sus armas de servicio cuando deben. Los políticos también tienen responsabilidad por la paliza de Iquique.
Se instalo una cultura de irrespeto y desprecio hacia la acción e institución de carabineros. Lo que paso en Iquique se reproduce en los enfrentamientos con vendedores ambulantes, desalojo de tomas de terrenos, accidentes de tránsito y manifestaciones. Los migrantes ilegales también lo saben y actúan en consecuencia.
Lo más preocupante, sin embargo, es que esta situación podría agravarse bajo la administración del presidente Boric quien, por desgracia “on the récord” ha condenado en los términos más duros a carabineros sin contar con los antecedentes del caso; algo de lo que todos los funcionarios están plenamente conscientes, lo que aumenta su sensación de desamparo.
Para que ello no ocurra el presidente debería reconocer que se ha prejuzgado injustamente y comprometerse a que bajo su gobierno los carabineros tendrán derecho a un debido proceso y a que se les respete la presunción inocencia.
Por Jorge Schaulsohn
