Convención: “No hay ni idea dominante, ni hilo conductor”.

Por primera vez desde la instalación de la Convención Constitucional surge la posibilidad real de que el texto que se proponga para el plebiscito de salida sea rechazado por la gente. Y no necesariamente por lo que indica la opinión pública o la encuesta del momento, sino que por la espontanea articulación de un argumento robusto que sugiere que lo que vendrá no necesariamente será mejor de lo que ya hay.

El argumento tiene su origen en las propuestas de normas que han ingresado en las últimas semanas, y que muestran que dentro de la Convención no hay cohesión. No hay ni idea dominante, ni hilo conductor. Hay un poco de todo. Escondido tras el pluralismo, hay propuestas que incluso bordean en lo absurdo, que llegan a resolver problemas que no existen, o que, si existen, no pueden resolver.

Quizás lo que mejor retrata la situación es la inesperada renuncia de la directora de comunicaciones de la Convención, la periodista Lorena Penjean. En su carta de salida sostuvo que en el órgano “no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío”, dando a entender que la ambición de las partes supera con creces a la ambición del todo.

El modelo andino

Si se mira el detalle de algunas de las iniciativas aprobadas por las comisiones de la Convención en los últimos días, y se supone que avanzarán con algo de apoyo político interno, y por lo tanto tendrán cabida en el texto final, se podría pensar (exagerando) en una especie de modelo andino, con un sistema político basado en el régimen peruano y un modelo económico inspirado en la experiencia boliviana.

En la misma semana en que el actual presidente peruano, Pedro Castillo, entró a su tercera crisis de gobierno (en seis meses), la comisión de Sistema Político aprobó no solo eliminar el Senado, sino que a no fortalecer el alicaído sistema de partidos. Una decisión que va en contra de la literatura especializada, que alerta elocuentemente de los peligros de adoptar un presidencialismo unicameralismo en contextos de debilidad institucional.

Coincidentemente, en la misma semana, la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico aprobó una norma para nacionalizar la minería en el país. Una medida que, según los expertos, representa un mundo que pasó hace sesenta años atrás y que no considera que buena parte del desarrollo se debe precisamente a la exploración y a la inversión que han hecho multinacionales extranjeras en el país.

La defensa corporativa

Desde afuera es fácil ver la fragilidad del proceso. Pues, si el todo (el texto final) será la suma de las partes (lo aprobado en las comisiones), hay serias dudas de que el texto pueda ser aprobado por la gente. No solo por el significado particular de cada norma, sino que por la ausencia de un significado general. Comienza a cobrar sentido el riesgo de presentarle a la gente una constitución excesivamente larga, maximalista e incoherente.

Hasta ahora, las críticas solo crecen. Y si bien el apoyo al proceso sigue siendo mayoritario, llama la atención algunos de los argumentos que se han adoptado desde dentro de la Convención para defender la obra. Pues, curiosamente, la defensa más frecuente ha sido el reproche a los expertos, comentaristas y académicos por no entender los tiempos del proceso legislativo de la Convención.

El mejor ejemplo de la defensa corporativa fue cuando el mismo vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, no encontró ningún problema en justificar la eliminación del Senado por parte de la comisión de Sistema Político, entendiéndolo como parte de un proceso incompleto. Una reacción evocativa a la actitud de los senadores que consideraron al primero de los cinco retiros de fondos de pensiones cómo “único y excepcional”.

El peso de los hechos

¿Cuál es la idea de ir en contra de todo lo recomendado por la evidencia académica, la experiencia internacional y la calculadora macroeconómica? ¿Cuál es la idea de funcionar como una tercera Cámara legislativa, atribuyéndose funciones que no existen? ¿Acaso no se entiende que actuar de forma incoherente y fuera de límites éticos (y quizás legales), pone en peligro el resultado del proceso?

El mejor enemigo del proceso constituyente es la Convención Constitucional. Lo que enloda el proceso son los hechos, no la interpretación de los hechos. Cuando se aproxime el momento de votar a favor o en contra del texto final, en el plebiscito de salida, dará exactamente lo mismo lo que piensen los académicos, los comentaristas y los políticos. Lo que importará será la robustez del texto y su capacidad de garantizar algo mejor de lo que ya existe.

Supongamos que para un votante la estabilidad política debe estar por sobre todo las cosas. Supongamos también que ese votante entiende que es la interacción entre el régimen de gobierno y el sistema de partidos lo que determina esa la estabilidad. Y supongamos, finalmente, que en el texto final se ofrece un sistema presidencial unicameral sin partidos fuertes. ¿Se podrá culpar a ese votante por votar rechazo?

El plebiscito de salida

Cuando se proponga el texto final, algunos lo votarán a favor por el solo hecho de haber sido redactado en democracia. Otros lo votarán a favor por tener más derechos sociales que el actual. Ambas son buenas razones, pero no son exhaustivas. En una elección de voto obligatorio, no bastan razones políticas. Para que se apruebe el texto final, ese texto no puede ser solo político. Debe estar asociado a algo más grande que eso.

Da la sensación de que hay una buena parte de convencionales que ignoran lo anterior, y que piensan que el texto se aprobará solamente porque se escribió en democracia. También da la sensación de que los más precavidos piensan que las malas ideas se revertirán en el pleno y que si no ocurre eso, se resolverá en el proceso de armonización. Una fe ciega que impide la autocritica y disuade la disciplina.

Es importante que el proceso llegue a buen puerto, y que se apruebe el texto final. Pero para que eso ocurra, debe haber una propuesta que pueda ser respaldada por la gran mayoría de los chilenos, y no solo algunos. Hoy, hay una especie de fairplay dentro de la Convención que incentiva a que los constituyentes actúen de forma políticamente correcta y que les impide ser autocríticos. Un estilo de juego que pone en peligro el proceso.