Por Sergio Muñoz Riveros
Luego de la revuelta antidemocrática que se desató el 18 de octubre de 2019, mucha gente, quizás la mayoría, vio con esperanza el acuerdo suscrito el 15 de noviembre de ese año por casi todas las fuerzas políticas para reemplazar la Constitución. Se trató, sin embargo, del comienzo de los malentendidos de los últimos dos años. Justo cuando correspondía defender resueltamente la legalidad y rechazar la barbarie que buscaba provocar un quiebre institucional, los negociadores del acuerdo, alentados por La Moneda, pusieron en discusión las bases de la institucionalidad democrática que le dio estabilidad a Chile por más de tres décadas. Fue el fruto envenenado del chantaje de la violencia. Malo el experimento. Pésimos los resultados.
La creación de un segundo parlamento implicó cercenar las facultades del Congreso Nacional en materia constitucional. En su origen, fue una maniobra destinada a sacar al Congreso del foco de las furias, y de paso establecer una ganancia secundaria: habría candidatos para dos parlamentos. Todos los partidos llevan velas en el entierro. Con toda razón, la historiadora Sofía Correa Sutil señaló a Ex Ante: “Lo inédito de la Convención actual es que surge de la renuncia que el Congreso Nacional hace de su potestad constituyente. Nunca antes en la historia de Chile había sucedido algo semejante”.
Lo ocurrido en las últimas semanas ha servido para dejar en claro que la Convención es el mayor factor de inestabilidad institucional y un enorme lastre para las posibilidades de progreso. Capturada desde el comienzo por una corriente que funciona según los presupuestos ideológicos del izquierdismo más arcaico y autoritario, la Convención es el camino del retroceso y la decadencia en todos los campos de la vida nacional. En el ámbito económico, es la vía de la ruina. Lo más grave del programa refundacional es el cuestionamiento de la unidad de la nación, que se expresa en las propuestas de partición del territorio en unidades autónomas que buscarían acentuar las diferencias raciales. Detrás de la “plurinacionalidad” están los grupos político/delictivos que necesitan manipular y dominar a las minorías indígenas.
Alguna gente bien intencionada dice que el fracaso de la Convención sería un desastre para el país. En realidad, es exactamente al revés. Con la línea que lleva, su éxito sería un desastre. Y creer que el apaciguamiento puede lograr que los iluminados se vuelvan reflexivos, es irrealismo puro. Algunos le piden a Boric que se encargue de liderar el proceso, lo que equivale a pedirle que se suba a una embarcación que hace agua por todos lados.
Ha llegado el momento de que las cosas importantes empiecen a ocurrir fuera de la Convención. El país, es útil recordarlo, nos pertenece a todos. Y dado que, en tiempos de crisis, aumenta el riesgo de confundir las prioridades, lo primero es unir a todos los que quieren decir NO. Enseguida, asegurar que el próximo Congreso recupere los poderes que regaló el actual. Y luego, definir con extremo rigor la metodología más eficaz para mejorar la democracia que tenemos, lo que supone cambiar lo que haga falta, pero también conservar lo mucho bueno que hemos construido.
No sirve el fatalismo. Tampoco la ansiedad por levantar de inmediato un texto alternativo. O fórmulas demasiado imaginativas como la de proponer una nueva elección de convencionales. Se trata de despejar el panorama, no de hacerlo más confuso. Ello exige impedir que nuestra democracia quede atrapada y sin oxígeno. Vivimos en condiciones de libertad, no lo olvidemos, y contamos con instituciones que, más allá de sus defectos, constituyen el dique de civilización que debemos proteger en cualquier circunstancia.
Tenemos que reforzar el orden legal, que es la protección ante la violencia y la arbitrariedad. Esto nos obliga a sostener el Estado de Derecho sin vacilaciones. Chile puede salir adelante, pero es necesario que la mayoría esté dispuesta a batallar por la unidad de la nación y el fortalecimiento del régimen democrático. Es la hora del coraje.
