Por Jorge Schaulsohn
Nadie lo vio venir, tal y como ocurrió con el estallido social, pero de pronto la gente salió a las calles, en Arica, Antofagasta, Iquique; los camioneros se tomaron las carreteras a lo largo del país y el ministro del Interior tuvo que pactar un “desbloqueo” temporal para viajar al norte a dialogar con las víctimas de la delincuencia provocada por inmigrantes que ingresan por pasos no habilitados. El tema de la migración ilegal se tomó la agenda a semanas de que termine este gobierno y mientras el que viene no tiene la menor idea de qué hacer con el problema.
Falta de información
El gobierno perdió totalmente el control. No tiene cifras oficiales sobre el número de inmigrantes ilegales que han ingresado al país; las ultimas cifran que datan de 2018 hablan de entre 300.000 y 600.000 personas en situación irregular. Consultada por Ciper Chile vía Ley de Transparencia sobre el número de inmigrantes en situación irregular en abril de 2021, la Subsecretaria de Interior se negó entregar cifras. Por su parte la PDI señaló que no es posible conocer la cantidad de extranjeros en situación irregular debido a que solo se tiene registro de los que son denunciados o autodenuncias. Ni en la PDI ni el Servicio de Nacional de Migración existe una estimación sobre el número de personas ilegales, a las que hay que sumar los miles que están ingresando por pasos no habilitados las 24 horas del día.
Aumento sin precedentes
En 2021 se detecto el ingreso de 68.435 personas por pasos no habilitados, cifra que surge mas que nada de las “autodenuncias”. Se estima que los ingresos irregulares al país el primer semestre de 2021 creció 8.2 veces más que el 2017. Entre 2017 y 2020 hubo un aumento de ingresos por pasos no habilitados de un 143.633% de venezolanos y de 8.975% de haitianos. En Chile, al mes de agosto de 2021, habían 1.500.000 inmigrantes de distintas nacionalidades, de los cuales el 61.9% se concentra en la Región Metropolitana, Antofagasta y Valparaíso. El aumento entre 2018-2021 fue de 91.147 personas en la Metropolitana, 11.167 en Valparaíso y 10.123 en Antofagasta. Los venezolanos se concentran en nueve regiones, especialmente en Biobío, Los Lagos, Maule, San Miguel, Concepción y Puerto Montt.
La admisión en otro país no es un derecho humano
Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos reconocen el derecho a salir de un Estado y la posibilidad de desplazarse libremente por todo el territorio de un Estado, pero ello no otorga el derecho de ingresar libremente a otro país. Es decir, los Estados tienen el derecho de resolver a quien admiten o no en su territorio, en función de su propia normativa migratoria. Esto, que parece tan evidente, no ha sido unánime en el país, pues un sector de la izquierda cree, equivocadamente, que la inmigración y el ingreso a otro país son derechos humanos que están por sobre la normativa nacional. Y acá está la raíz de lo que nos pasa, por hay un sector político que apoya y auxilia a quienes ingresan por pasos no habilitados, deduciendo recursos de amparo y acusando de racistas a las autoridades de gobierno.
Hay una actitud ambigua frente a la inmigración ilegal entre políticos de izquierda, Organizaciones No Gubernamentales e Iglesias que han denunciado las expulsiones como violaciones de derechos humanos, oponiéndose a ellas mediante recursos de amparo y defienden el derecho a quedarse en el país. Los migrantes saben perfectamente que en Chile tienen “redes de protección” y una alta probabilidad de poder quedarse, lo que es un incentivo para intentarlo.
No a la política de fronteras abiertas
La inmigración es algo bueno y positivo para los países. Japón está buscando 500.000 migrantes para copar con un enorme déficit laboral producido por la baja natalidad y envejecimiento de la población. En Israel fue la llegada de judíos de la Unión Soviética lo que le permitió ser potencia tecnológica. Silicon Valley esta lleno de inmigrantes de Asia y otras latitudes y en Estados Unidos los migrantes financian el sistema de “Social Security” pues ingresan a la fuerza de trabajo en un país dónde la tasa de nacimientos es cada día más baja. En Chile la mayoría de los inmigrantes trabajan, pagan impuestos, IVA, dan trabajo y prestan servicios, además de ser un aporte a la cultura.
Pero, la incapacidad de controlar el ingreso por pasos no habilitados es un asunto muy serio. Sobre los migrantes que ingresan por pasos no habitados, no sabemos absolutamente nada, ignoramos si tienen antecedentes penales, que hacían en sus países de origen o en los que residían antes. Entonces porque se fueron del país en el que estaban, de dónde vienen y a qué vienen a Chile. Se están colando muchos “patos malos” que vienen con la intención de delinquir a unirse a bandas que llegaron antes, importando técnicas delictivas brutales y antes desconocidas en al país.
La izquierda, acusa al gobierno, que sin duda tiene una enorme enorme responsabilidad; pero olvida que su actitud “buenista” hacia toda clase de migrantes paralizó la nueva Ley Migratoria durante siete años y que recurrió al Tribunal Constitucional para echar abajo una de sus cláusulas principales: El derecho del Estado a reconducir de inmediato fuera de la frontera a un migrante que ingresaba por paso no habilitado.
Pero la inmigración legal también debe tener sus límites. Los países deben decidir en función de su situación económica y social cuantos inmigrantes están en condiciones de recibir por año. En Chile estamos cerca del 10% de la población lo que se considera elevado. Hay que fijar cuotas, por países y esta decisión no puede ser arbitraria. Recibir un migrante implica compromisos para el Estado, que de proveer servicios y benéficos para toda su población. Asegurarse que existan posibilidades de empleo razonables, capacidad en la educación y la salud.
Hoy la oposición se está recetando una orgía disparando contra un gobierno que se acabó por la crisis migratoria; orgía que podría terminar en resaca y gran dolor de cabeza porque el problema los estará esperando en marzo.
