A 5 años del inicio de la Ley REP., las empresas productoras y comercializadoras de productos prioritarios deben comenzar a aplicar esta normativa de forma activa, haciéndose responsables de sus propios desechos, al igual que deberán eliminar el uso de PCBs en todo el mercado nacional.
Ya han pasado cinco años desde el comienzo de su implementación, y hoy la Ley REP. sigue sumando desafíos y requerimientos para que las empresas construyan sistemas integrados de gestión de residuos (SIG) que cumplan con la normativa vigente y avanzar hacia una economía sostenible a nivel nacional. Asimismo, otras normativas exigen también la descontinuación de equipos que contengan PCBs al 2025, y su total eliminación en el 2028.
En este sentido, y con el objetivo de trabajar de manera conjunta, permitiendo a los productores incorporarse a SIG colectivos para facilitar los procesos, analizamos parte del actual escenario de la Ley REP. y otras obligaciones que existen en materia medioambiental en nuestro país.
Neumáticos, envases y embalajes: El decreto legislativo (Ley Rep.) obliga a las empresas a recolectar y reciclar al menos el 90% de los neumáticos –uno de los desechos más contaminantes en nuestro país–, exigiendo a los productores que se hagan cargo de ellos una vez que termine su vida útil.
En el caso de envases y embalajes, esta ley acordó instalar 354 puntos limpios en cuatro años para cumplir con obligaciones de reciclaje y así facilitar los procesos a los usuarios, esperando que, para septiembre de 2023, se inicie a gran escala la recolección de materiales reciclados de consumo masivo en el país. Los sistemas de gestión de las empresas deberán diseñar, instalar y operar infraestructura de recepción y almacenamiento en las comunas de acuerdo a su cantidad de habitantes (permanentes más población flotante).
Pilas, aparatos eléctricos y electrónicos: A mediados del 2021 se determinó que estos residuos serán contemplados en un mismo decreto, pues en muchos casos se utilizan juntos y también se gestionan de manera similar. Para los expertos, el unirlos facilita la logística, mejorando la eficacia en su recolección. Un dato relevante a resaltar en este punto es que, en Chile se generan unas 3 mil toneladas de pilas fuera de uso cada año, y 170 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Las autoridades establecieron seis categorías de aparatos eléctricos y electrónicos a regular, y se espera que prontamente se tengan más detalles respecto a su revalorización.
Aceites lubricantes: La Ley Rep. también busca hacerse cargo de las casi 123 mil toneladas de aceites lubricantes que circulan cada año en el mercado nacional, de las cuales solo 60 mil son actualmente tratadas (el resto va a destino desconocido). Dada esta alarmante cifra, la normativa establece que al primer año de vigencia las empresas productoras deberán recuperar y valorizar el 50% de los aceites puestos en el mercado, y gradualmente esta meta alcanzará un 90% de valorización de estos residuos, en un plazo de diez años.
Normativa de PCBs en Chile: Con respecto a este residuo tan peligroso, las empresas tienen hasta el 2025 como plazo máximo para el desuso y hasta el 2028 para la eliminación de equipos que contengan PCBs (Bifenilos Policlorados) o Askareles. Esta normativa internacional (definida en el Convenio de Estocolmo) busca controlar estas sustancias refrigerantes que están prohibidas desde 1982 a nivel mundial. Para eliminar estos residuos en Chile, es necesario exportarlos para su correcta y segura incineración con empresas que presten este servicio, como es el caso de Hidronor.
Correcto proceder: Puntualizado todo lo anterior, quedan claras las obligaciones para las empresas, pero ¿cómo lo harán aquellas que no cuenten con sistemas propios para hacerse cargo de sus residuos o eliminar correctamente los equipos que contengan PCBs? La respuesta es sencilla: deben tercerizar estos servicios. En la industria existen una gran variedad de alternativas, dependiendo de los productos que haya que eliminar, valorizar o reciclar.
Entre las empresas con más experiencia en el mercado, podemos destacar a Hidronor, que cuenta con más de 25 años de trayectoria en Chile y cobertura a lo largo de todo el territorio nacional. Para la correcta gestión de los seis productos prioritarios establecidos por la Ley REP, la compañía aporta con valorización de aceites lubricantes o productos con poder calorífico que estén contaminados para convertirlos en combustibles alternativos y baterías de auto que contienen ácido y plomo para producir cátodos para la minería; consolidar a nivel nacional distintos aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para que empresas recicladoras realicen el proceso de desarme con el fin de extraer los metales preciosos y el aluminio; tratamiento, revalorización y reciclaje a envases y embalajes contaminados, entre otros asociados a la valorización de pilas y neumáticos.
Para brindar confiabilidad a sus clientes, Juan Andrés Salamanca, gerente de Ventas y Marketing de Hidronor, explica que “al momento de tercerizar estos servicios con nosotros, como empresa disponemos de la trazabilidad de los desechos para demostrar que se está cumpliendo con el marco legal y así entregarle un respaldo tanto a las autoridades como a nuestros clientes”.
