Por María José Ubilla C., presidenta nacional Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet)
Los resultados del reciente Censo Nacional de Perros y Gatos realizado por PUC y Subdere, indican que existen cerca de 12,5 mill. de mascotas con dueño y más de 4 mill. de animales sin supervisión. Los perros y gatos de vida libre pueden generar variadas problemáticas como la transmisión de enfermedades entre animales y hacia la población humana, mordeduras en personas, contaminación ambiental e impacto negativo en la fauna silvestre. Para mitigarlos, en distintos países se han planificado y puesto en práctica medidas que buscan controlar estas poblaciones, tales como el sacrificio masivo, educación en tenencia responsable y métodos de control reproductivo. En Chile todos estos métodos han sido aplicados, como podemos evidenciar, sin el éxito esperado.
Muchos han festejado la promulgación e implementación de la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas (TRM). Sin embargo, la norma, promulgada el 2017, está lejos de ser 100% eficiente, dado que no ha considerado acciones multidimensionales, lo que genera vacíos, como la carencia del reglamento del Minsal (actualmente sólo se cuenta con el elaborado por el Ministerio del Interior, que posee errores técnicos, pese a que distintos actores, como COLMEVET y la sociedad civil hemos ofrecido apoyo para mejorarlos), la educación real o el registro nacional a través de método indeleble de forma obligatoria. Además, los recursos destinados al Programa Mascota Protegida han ido en abismante disminución y recursos millonarios se han mal utilizado en eventos como PetPelusa, alejado de las necesidades nacionales y de una política pública coherente en TRM.
Por esto, desde el Colegio Médico Veterinario de Chile, hemos sido enfáticos en que se necesita:
- Un enfoque de esterilización que resguarde el bienestar animal e ilustre los beneficios del control reproductivo, no sólo para la salud animal, sino también por el impacto negativo de las mascotas en la fauna silvestre y el ambiente.
- Exigir la identificación a través de microchip y no a través de collares y placas, que perpetúan el abandono, el maltrato animal y la tenencia irresponsable.
- Que policías, jueces y fiscales se capaciten/actualicen en prevención del abandono y otras formas de maltrato animal, como en una eficiente persecución y sanción de estos actos.
- Todas las Municipalidades cuenten con un/a médico/a veterinario/a, así como con recursos para fiscalización e implementación de la ley; y que el programa PVET de continuidad a los contratos de estos profesionales más allá de 6 meses, de manera de establecer programas de TRM coherentes y permanentes en todas las comunas.
- La educación debe ser un pilar y considerar temas cruciales como satisfacción de necesidades físicas y mentales de las mascotas.
- Reconocer el enfoque Una Salud, donde la salud animal, humana y ambiental están interrelacionadas.
Urge seriedad, recursos humanos y económicos, y respeto de la medicina basada en evidencia en la toma de decisiones. La TRM no se trata sólo de amor a los animales sino de una política pública, transversalizando, educando, monitoreando y reevaluando la ley y el Programa Mascota Protegida. Esperamos que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric tome cartas en el asunto, porque una ley sin recursos, sin coherencia en su aplicación, ni capacidad fiscalizadora se convierte en letra muerta. De las nuevas autoridades depende que eso cambie
