Jorge Luis González, abogado, académico de la Universidad Central Región Coquimbo
Hace un par de semanas se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.455, que dispone una política nacional y que tiene como objeto hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, como transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050.
Además, posicionar al Estado chileno en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en la materia, generándose una serie de condiciones que permitirán adaptarse a este proceso. Además, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del Cambio Climático.
La normativa trae consigo una serie de definiciones que orientarán el desarrollo de esta política nacional, estableciéndose una serie de instrumentos que servirán para gestionar este problema, planes de mitigación, tanto a nivel nacional como a nivel local. Además, se crea el Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático.
La nueva norma se rige por los siguientes principios de: Científico, Costo-efectividad, Enfoque Ecosistémico, Equidad y Justicia Climática, No Regresión, Participación Ciudadana, Precautorio, Preventivo, Progresividad, Territorialidad, Urgencia Climática, Transparencia, Transversalidad Coherencia, Flexibilidad.
Destacándose la adopción en el ordenamiento jurídico interno de estándares internacionales de la materia que son de avanzada como el principio de Participación Ciudadana que además se desarrolla como un derecho ciudadano, desarrollado en la esencia de los derechos emergentes procedimentales como lo son: los derechos de acceso a la a la información, acceso a la justicia y acceso a la participación efectiva en torno al cambio climático.
