Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Detenida y el Detenido Desaparecido y como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reiteramos nuestro compromiso con la lucha histórica e inagotable que han realizado los familiares de las personas ejecutadas, detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar.
Esta conmemoración ha tenido un tremendo simbolismo, ya que nuestras autoridades encabezadas por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos junto a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter; el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo y dirigentas de Agrupaciones de Derechos Humanos y sitios de memoria, presentaron 17 querellas por casos de víctimas de la dictadura cívico-militar en los cuales hasta la fecha no se habían logrado realizar acciones judiciales.
Estas querellas fueron presentadas en coordinación con el Programa de Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, continuadora legal de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
En este contexto, reiteramos como gobierno nuestro compromiso irrestricto con el respeto de los derechos humanos, la verdad, justicia y buscar mecanismos que nos permitan dar garantías de no repetición para el futuro. No podemos olvidar que Chile ha suscrito diversos compromisos internacionales por el reconocimiento de los derechos humanos esenciales, así como también en disponer de medidas que permitan la promoción, resguardo, protección y defensa de éstos, que garanticen tanto a nivel individual como institucional el reconocimiento de todas las libertades fundamentales del ser humano.
Estamos conscientes de los desafíos que tiene pendientes el Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Hoy a casi 50 años del Golpe Militar, aún las familias buscan a sus seres queridos, hay restos sin identificar, no sabemos la verdad en numerosas causas de ejecuciones y desapariciones forzadas, y no se ha logrado condenar a los perpetradores de graves crímenes de lesa humanidad. Por estos motivos, nuestro Presidente Gabriel Boric ha encomendado a nuestro ministerio una importante tarea para dar respuesta a tantas familias que no tienen un lugar donde despedir a sus seres queridos y así empezar a sanar y reparar el daño sufrido por décadas.
A nivel regional durante las últimas semanas nos hemos reunido con la Agrupación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Atacama, y también con las víctimas del estallido social, con el objeto de avanzar en el trabajo colaborativo que nos permita desarrollar los diversos compromisos establecidos en la Agenda Integral de Derechos Humanos, impulsada por nuestro Gobierno para que nunca más en Chile se cometan horrores como los que hemos heredado por el accionar impune de quienes no toleraron la libertad, democracia y no respetaron derechos fundamentales.
