En atención a las reiteradas publicaciones que circulan en distintos medios de comunicación y redes sociales afirmando que el Ministerio Público realiza una persecución política en contra del Diputado Jaime Mulet Martínez, nos vemos en la necesidad de aclarar lo siguiente:
1.- La Fiscalía de Atacama desarrolla una investigación por los delitos de cohecho y soborno, vinculados a un contrato de transacción suscrito por una empresa minera y el municipio de Tierra Amarilla en el contexto de conflictos ambientales acaecidos en dicha localidad.
2.- En dicha investigación penal, fue el Ministerio Público quien solicitó al Tribunal la fijación de una audiencia para formalizar a Jaime Mulet Martínez, la que fue reagendada en dos oportunidades, quedando en definitiva para el día 05 de abril de 2022, ocasión en la cual Mulet Martínez no compareció pese a encontrarse legalmente notificado, alegando su abogado defensor, que su cliente asistiría a la audiencia sólo una vez que fuera desaforado, lo anterior, pese a que la Ley es clara al señalar que el desafuero es un requisito para imponer medidas cautelares personales y para deducir acusación contra un parlamentario, nada de lo cual iba a ocurrir en la audiencia del 05 de abril de 2022, cuyo único propósito era comunicar al imputado los hechos por los cuales es investigado.
3.- Ante la negativa del Diputado de comparecer a la audiencia de formalización, la Fiscalía de Atacama solicitó su desafuero ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, a objeto de compeler al parlamentario a comparecer a la audiencia de formalización y de esta manera, evitar que dicha investigación continúe dilatándose injustificadamente.
4.- Durante la investigación en curso, se ha logrado formalizar y obtener medidas cautelares personales en contra de varios de los imputados por los delitos indagados, con la sola excepción del Diputado Mulet, por haberse negado a asistir a la audiencia de formalización que se encuentra pendiente.
5.- Finalmente, el Ministerio Público rechaza las insistentes declaraciones formuladas por el parlamentario a través de medios de prensa, en las cuales efectúa una serie de imputaciones falsas y descalificaciones infundadas a los fiscales y la forma en que éstos conducen la investigación penal en que se encuentra involucrado, ya que representan una penosa estrategia destinada a enlodar el verdadero trabajo que la Fiscalía de Atacama ha realizado en esta causa y un intento de amedrentar inútilmente a los fiscales, quienes no hacen más que cumplir con su deber de perseguir penalmente a quienes cometen delito, con estricto apego a la normativa Constitucional y legal que rige su actividad, teniendo como premisa básica que en Chile, nadie está ni debe sentirse por sobre la ley.
