- ¿DÓNDE Y EN QUÉ CASOS DENUNCIAR?
Los dueños de terrenos colindantes que impidan el paso por accesos ya fijados se exponen a multas que pueden llegar hasta las 100 UTM, es decir, a más de $6 millones.
Con la temporada estival en pleno desarrollo en todo el país, las playas de mar, ríos y lagos son los destinos preferidos. A pesar que estas son Bienes Nacionales de Uso Público, es decir, que son de todas y todos los chilenos y que, por lo mismo, existe el derecho a disfrutar de sus múltiples usos, en estos meses aumentan los casos de problemas de accesos.
¿Qué hacer en esos casos?
Ante una posible dificultad o imposibilidad de acceso a las playas de la Región de Atacama, toda persona puede hacer una denuncia ante el Ministerio de Bienes Nacionales, específicamente en su página web www.bienesnacionales.cl, donde está dispuesto un banner -“Playa Segura de Todos”- en el que hay un formulario e información general sobre este tema.
También se puede hacer de forma presencial en la oficina de la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama, o bien en la delegación presidencial o municipalidad respectiva, las que luego son derivadas a Bienes Nacionales.
Es importante recordar que los casos denunciables son cuando no existe ningún tipo de acceso a la playa; cuando hay un acceso único que se encuentra cerrado, y cuando un tercero impide, controla o cobra por el acceso.
Multas
Se contemplan multas para quienes no colaboren con garantizar el acceso a las playas. Por ejemplo, cuando un acceso ya fue fijado a través de una resolución, el dueño del terreno está obligado a cumplir con la normativa, no puede cerrar este camino ni impedir el paso o cobrar por ello.
En esos casos, se expone a multas que pueden llegar a las 100 UTM – más de $6 millones – y de 200 UTM en caso de reincidencia.
Es distinto cuando no hay ningún acceso a la playa. En esas situaciones, el Ministerio de Bienes Nacionales revisa el caso y sus equipos técnicos fiscalizan la zona. Dichos antecedentes son analizados junto a la Delegación Presidencial Regional correspondiente para fijar un acceso, un trabajo que incluye el diálogo con los dueños de terrenos colindantes y representantes de los sectores que dan distintos usos a la zona costera, como el sector turístico, sindicatos de pescadores y recolectores de orilla, deportistas, vecinos, etc.
En ese contexto, la ministra Toro hizo un llamado a los dueños de terrenos colindantes a las playas a colaborar y buscar en conjunto soluciones para garantizar los usos turísticos, productivos y deportivos.
“Tener un terreno frente al mar es una suerte, un privilegio, pero eso no le da derecho a nadie para apropiarse de la playa como si fuera parte de su patio o su jardín. Nadie se puede adueñar de una playa. No hay que olvidar que las playas de mar, lagos o ríos son Bienes Nacionales de Uso Público y que pertenecen a todas y todos”, agregó.
