Alexis Rogat Lucero, después de dos años, rindió cuenta de la gestión institucional de manera presencial ante autoridades e invitados especiales. Cita en que destacó los buenos resultados en materia de persecución penal, pero al mismo tiempo mostró su preocupación por el aumento de algunos delitos de alta connotación social, entre ellos el homicidio.
Luego de dos años en que por motivos sanitarios no fue posible reunirse en forma presencial, debiendo entregar las cifras de gestión de manera virtual, el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero, ofreció su Cuenta Pública de Gestión en que dio cuenta de la amplia función en materia de persecución penal y apoyo a víctimas y testigos realizada en el 2022. Actividad que contó con la asistencia de distintas autoridades, entre ellas la senadora Yasna Provoste; la presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Marcela Araya; los seremis de Justicia y Bienes Nacionales, jefes de servicios y representantes de ambas policías, entre otros.
En la ceremonia, la autoridad comenzó por destacar la función comprometida de Fiscales y Funcionarios, quienes no dejaron en ningún momento de cumplir con sus respectivas tareas, incluso en los tiempos más complejos de la Pandemia. Esto, dijo, porque existe en ellos el compromiso absoluto por desarrollar una función pública de calidad a los usuarios del Ministerio Público de todas las comunas y localidades de la región. Desarrollando para ello, permanentes protocolos Covid para el resguardo del equipo humano de la institución y de quienes concurrían a las oficinas, mencionando que desde el año pasado se retomó la atención presencial de los usuarios.
En materia de persecución penal, Rogat Lucero hizo público que el año pasado hubo un ingreso de 26.598 casos a nivel regional, lo que representó un aumento del 17% en relación al año 2021. Siendo la Fiscalía Local de Copiapó la que presentó el mayor aumento de ingresos con un 22%, mientras que Diego de Almagro experimento la mayor disminución con un 16% respecto del año anterior.
“El año 2022 los fiscales de Atacama terminaron por resolución judicial el 49.6% de los casos ingresados. Lo que comparado con los resultados obtenidos por el resto de las fiscalías regionales del país, nos ubica en el tercer lugar a nivel nacional en este tipo de términos, que son los resultados de mejor calidad que entrega el sistema de justica, siendo el promedio nacional de un 32,8%”, dijo. Agregando que “los casos terminados por archivo provisionales fueron de un 37,1%, posicionando a Atacama en el segundo lugar a nivel nacional con el menor porcentaje de archivos frente a una media país del 56,1%”. Mientras que en cuanto a las sentencias condenatorias, el año 2022 se alcanzaron un total 6.215 condenas.
El fiscal regional se refirió también a las audiencias de Juicios Orales del periodo anterior, informando que éstos aumentaron de 127 a 267 el año 2022, lo que representa un incremento de un 110%. Cuestión que llevó a que el porcentaje de sentencias condenatorias en este tipo de juicios fue de un 85,3%, destacándose entre éstas 1 condena a 3 presidios perpetuos calificados por delitos de homicidio calificado; 3 sentencias de presidio perpetuo simple por delitos de robo con violencia y violación, abuso sexual de menor de 14 años y robo con violación, así como también varias otras sentencias entre 12 y 20 años de presidio.
DELITOS DE ALTA CONNOTACIÓN
En la ceremonia, el jefe regional del Ministerio Público se refirió a delitos de alta connotación social que presentaron un aumento en la región, siendo éstos los que generan una alta sensación de inseguridad en la población. En este sentido dijo que respecto de los delitos sexuales se recibieron en la región 958 denuncias, con un aumento de 25,9%, teniendo un alarmante 43% de víctimas niñas, niños y adolescentes. “Esto exige de nuestra institución un esfuerzo permanente para disminuir el largo calvario que muchas veces enfrentan las víctimas para recuperar su dignidad, tal cual lo han entendido nuestros fiscales que, pese a las complicaciones probatorias que representan estos ilícitos, obtuvieron una tasa de sentencias condenatorias de un 62% en este tipo de hechos”, señaló.
En cuanto a los delitos contra la propiedad, que ocupan el 39% de la cartera investigativa de la región, durante el 2022 aumentaron en un 45,2% respecto al año anterior, pasando de 7.500 a 10.887 delitos. Mientras que los delitos de homicidios consumados aumentaron en un 145% en la región, pasando de 11 casos a 27 el año pasado, no registrándose casos de femicidios consumados. “La fiscalía ha dado una pronta respuesta frente a estos delitos, desarrollando un estrecho trabajo con ambas policías pudiendo identificar a todos los autores de los homicidios consumados cometidos en Atacama, gran parte de los cuales se encuentran sometidos a prisión preventiva, con excepción de algunos extranjeros avecindados en nuestro país, respecto de quienes las policías y la comunidad, desconocían mayores antecedentes sobre su persona, justamente, por su condición de ilegales”, dijo.
Rogat tuvo palabras también para los delitos de corrupción, al indicar que la Fiscalía seguirá avanzando con firmeza en aquellas investigaciones en que se ha determinado que funcionarios públicos han aprovechado su condición de tal para cometer delitos, porque la institución entiende que eliminar la corrupción, es la única manera de asegurar que un Estado de Derecho sirva con transparencia y efectividad a la sociedad. “Quiero señalar que los fiscales no tememos a las amenazas y rechazamos toda forma de amedrentamiento para que abandonemos nuestro deber de investigar y perseguir la corrupción. Sabemos que actuamos de acuerdo a la ley y que trabajamos con la convicción de que cumplimos correctamente, con transparencia y objetividad, nuestro mandato constitucional y lo seguiremos haciendo caiga quien caiga”, indicó.
En esta cuenta de gestión se destacó además el trabajo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) que desarrolló 44 investigaciones, logrando condenas a un total de 90 imputados. Relevando el trabajo de fiscales y funcionarios que intervienen en la implementación de la Ley 21.057 de Entrevista Investigativa Videograbada, lo que permitió realizar 392 entrevistas a victimas NNA, 172 de ellas a cargo de entrevistadores de la Fiscalía. Agregando que, a pesar de todo el incremento en la función institucional, el Ministerio Público en Atacama mantiene la misma dotación de fiscales y funcionarios desde el año 2017, cuestión que dificulta sostener una lucha efectiva en contra la delincuencia.
