Por Luis P. Morales Vergara
Consultor Empresas Privadas y Públicas
El comité de ministros rechazó el proyecto Dominga con argumentos que esbozan análisis técnicos, pero que comunicacionalmente se presentó como un eslógan de campaña. Es cierto, hace 10 años las normas ambientales en Chile estaban en pañales y los componentes medidos han aumentado paulatinamente su alcance por lo que hoy para los ojos del mundo sería una desacierto intervenir un ecosistema de alta biodiversidad que puede ser considerado patrimonio natural y en donde las ciencias aún tienen campo de estudio. Sin embargo, es licito hacer la pregunta de por qué una comunidad como La Higuera solo ve como oportunidades una inversión minero portuario. Pero también hay otras dudas, como cuales son las medidas de control del país frente al desastre ecológico más grande de los últimos 10 años que es la sobreexpotación de los bosques de alga (Macrocystis) en la costa norte de Chile solo comparable con grandes desastres antrópicos como la deforestación del amazonas. Lo cierto, es que las zonas rezagadas del norte chico involucra los límites regionales de Atacama y Coquimbo siendo este lugar precisamente en donde el estado mantiene una deuda pendiente con el desarrollo social, económico y medioambiental.
Y es que el proceso de descentralización -como paradoja de bienestar- que lleva adelante el país aún tiene asimetrias no resueltas que exponen deficiencias de inteligencia territorial en su implementación como la ejecución presupuestaria, la falta de coordinación sectorial, escaso recursos humano avanzado en las distintas instancias de gobernanzas y una mezquina certezas insititucional en los procesos de evaluación ambiental. En enero 2023, el SEA publicó la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental asociado a la ley marco de cambio climático, estableciendo que los titulares de un proyecto analicen los efectos adversos del cambio climático sobre los componentes ambientales y así integren estas variables en la revisión de los impactos y riesgos de dichos proyectos. Ahora, frente a este avance normativo, también nacen desafíos como identificar la vulnerabilidad de los territorios y asegurar el bienestar de las personas que lo habitan, pero con una constante por resolver que es la unificación de criterios, exigencias técnicas y procedimientos que permitan el anhelado desarrollo en base a las características potenciales endógenas de cada región como lo son en Atacama la minería, energías renovables, borde costero y valles fértiles alejando la evaluación ambiental de posiciones políticas.
