Por Juan José Ugarte, Presidente de Corma.
Hace algunos días el Gobierno anunció el pronto ingreso de una ley de incendios; algo que como gremio esperamos permita evitar tragedias como las que hemos vivido este verano el 2023, que ha costado la vida de 26 personas y ha significado la pérdida de casi 450 mil hectáreas.
El fuego no distingue entre bosques naturales o plantaciones productivas, y en condiciones climáticas extremas, se propaga a una velocidad aterradora. Por ello, es evidente la necesidad de reforzar planes de manejo, extender la práctica de construir anillos de protección y bajar la masa combustible para evitar su propagación.
Pero esto por sí solo no es suficiente, es necesario hacerse cargo de un aspecto fundamental de nuestra realidad; y no es otra que en Chile los incendios de bosques no son una catástrofe natural –como los terremotos o las inundaciones- por el contrario, son siempre responsabilidad de las personas, particularmente de algunas que aprovechan las condiciones extremas del clima para que el daño provocado sea aún mucho mayor.
Por ello, es esencial que el proyecto se haga cargo del origen, reconozca la intencionalidad y la falta de sanciones efectivas como causas principales de estas catástrofes.
Si queremos una ley que resulte de verdad efectiva en la prevención y protección de la vida de las personas, sus bienes y la naturaleza, es necesario entregar mayores facultades al Estado para anticipar esta tragedia y desplegar antes sus capacidades para proteger a la población.
Asimismo, es necesario fortalecer las capacidades para investigar y sancionar a los responsables -en los últimos siete años ningún condenado por incendios ha pasado un día preso- y es sabido que la impunidad sólo alienta a perseverar en la falta.
Estos aspectos son esenciales para el éxito de la iniciativa, por lo que esperamos, sean plasmados en el nuevo texto legal.
