Por Jordi Oriola Folch
Barcelona- Cataluña
En Europa existe preocupación porque algunos estados están espiando a través de los teléfonos móviles con el software Pegasus, que permite intervenir las comunicaciones escritas y habladas, pero también da acceso a todo el contenido del móvil (imágenes, audios, dades… ) y permite generar cambios (en contraseñas, textos, comunicaciones…). Aparte de ser muy peligroso porque vulnera el derecho a la intimidad y la privacidad, puede permitir chantajes políticos con la información robada.
Ante la divulgación por parte de la prestigiosa organización canadiense Citizen Lab de que 65 políticos, activistas y abogados independentistas catalanes habían sido espiados con Pegasus, España acabó asumiendo que un juez había autorizado 18 de estos casos.
Fruto de esa preocupación, el Parlamento Europeo ha constituido un comité que investiga el ciberespionaje con Pegasus. La intensa actividad de los europarlamentarios españoles de todos los partidos, bordeando el acoso a los miembros del comité, logró que, en un principio, sólo se contemplara investigar a Hungría y Polonia, donde el volumen de presuntos casos es muy inferior al de España. Pero por su gravedad se ha acabado incluyendo una misión especial a España para el 20 y 21 de marzo, encabezada por los holandeses Jeroen Lenaers y Sophie In’t Veld y acompañada anómalamente por tres europarlamentarios del país investigado, además de un austríaco, una polaca, un eslovaco y una independentista catalana.
La misión estaba anunciada un mes de antelación y preveía entrevistarse con el Presidente del gobierno español, ministros y diputados, pero el gobierno español comunicó, con sólo una semana de antelación, que el 20 de marzo no podían recibirlos porque era día festivo en Madrid y que acababan de convocar (seguro que lo hicieron coincidir expresamente) para el 21 de marzo el inicio de una moción de censura al gobierno. Con este pretexto el Presidente del gobierno y los ministros implicados declinaron reunirse con el comité y sólo serían recibidos por la comisión de Defensa del Congreso. Pero tampoco fue posible, los eurodiputados esperaron dos horas en una sala en el Congreso y la comisión nunca llegó. Únicamente fueron recibidos protocolariamente por el secretario de estado de Asuntos Europeos.
Tras ese incidente surrealista, el comité lo intentó reconducir con una reunión telemática una semana más tarde. Pero no fue posible porque no encontraron traductores y porque los diputados españoles se negaron a celebrar su reunión en inglés porque estaban en España. El Estado demuestra que no quiere descubrir la verdad y, asimismo, la señala como autor de la vulneración de derechos. Si se atreve a tratar con esta desconsideración a unos europarlamentarios, podemos imaginar cómo menosprecia la vulneración de derechos a los ciudadanos catalanes espiados ilegalmente. Si Europa no se impone a España, Europa se ensuciará con estas prácticas antidemocráticas y delictivas de España.
