Realmente sorprendente es lo que ocurre con la imagen, ponderación y valoración de la imagen ciudadana que alcanza actualmente Carabineros como institución. Hace tres años, tras el denominado «estallido social», la evaluación ciudadana hacia los uniformados de las carabinas cruzadas estaba por los suelos, por campaña de desprestigio de la izquierda radical; hoy, en cambio, es una de las más altas y, a la inversa, aquellos que denostaron la imagen -acompañados del simbólico perro “mata p…”- ni siquiera está por los suelos, simplemente, desaparecieron de la faz de la tierra, como ocurre con la tristemente impopular “primera línea” y el “partido del pueblo”.
Así lo demostró la reciente encuesta ciudadana CADEM que indica que la aprobación a Carabineros llega a 79%, su nivel más alto en la historia de este sondeo, desde que se realizó por primera vez en septiembre de 2015. Asimismo, la aprobación de la PDI es de 85% y la de todas las Fuerzas Armadas supera el 70%. Lo significativo es que el sondeo se realizó justo antes del asesinato del cabo Daniel Palma en el centro de Santiago, por lo que se estima que la próxima medición podría ser aún mucho mayor, dada la connotación social que alcanzó en esta semana recién pasada el cruel asesinato del carabinero oriundo de Rancagua.
MAL EVALUADOS
Por el contrario, entre los organismos peor calificados aparece la Fiscalía que cayó 11 puntos en un mes, bajando a 29%, al igual que los Tribunales de Justicia que bajan 12 puntos en el último mes, llegando a 20% y el Congreso que cae 8 puntos, sumando apenas un 18% de aprobación.
Por su parte, la aprobación de Boric se mantiene estable en 30%, mientras que la desaprobación o rechazo a su gestión alcanza el 65% (2 puntos más que la semana pasada).
Este respaldo que recibe hoy Carabineros contrasta con el zigzagueante apoyo que le entregan los partidos de extrema izquierda que conforman el Gobierno -Comunista y Frente Amplio- que han cuestionado al máximo la aprobación de nuevas facultades legales para que los uniformados puedan realizar su trabajo con mayor confianza y facultades, al negarse a aprobar medidas tendientes a la “defensa privilegiada” que merecen los efectivos policiales al momento de repeler acciones violentistas o delincuenciales.
