Por Jordi Oriola Folch
Barcelona
Cataluña
El 18 de mayo de 2023, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU ha condenado a España por haber violado los derechos políticos del presidente catalán Carles Puigdemont cuando le suspendió como diputado en 2018.
El 1 de octubre de 2017, el gobierno de Puigdemont había celebrado un referendo de autodeterminación de Cataluña que recibió el ataque de 10.000 policías españoles contra los votantes. Pese a la agresión, el referéndum se hizo y tuvo un resultado que, ante la negativa del gobierno español a negociar, llevó al Parlamento catalán a declarar la independencia, pero no se instó al pueblo a defenderla para evitar un baño de sangre. El gobierno español reaccionó destituyendo ilegalmente al gobierno catalán e imponiendo unas elecciones. Los partidos independentistas las ganaron y el Parlamento catalán decidió investir Presidente a Puigdemont, quien estaba exiliado en Bélgica para no ser injustamente encarcelado, como lo fueron otros miembros de su gobierno. Pero la Justicia española impidió su investidura telemática y suspendió a Puigdemont y otros diputados.
La sentencia de la ONU condena a España por haber violado el derecho de Puigdemont a ejercer como representante político, lo que constituye “la esencia del gobierno democrático”, y por violar también el derecho de los ciudadanos que le habían votado. Para no humillar a España, la sentencia ha querido darle la razón en algo y no ha condenado la exigencia española de que Puigdemont tuviera que estar presente en la investidura. Es cierto que no existe el derecho a ser investido telemáticamente, pero era la solución que el Parlamento catalán había encontrado ante la evidencia de que sería injustamente encarcelado si volvía a Barcelona, algo que la sentencia también reconoce.
El Comité da 180 días a España para que tome las medidas necesarias y difunda la condena. De momento hemos podido observar que la prensa española escondía la noticia y que, desde el gobierno español, la vicepresidenta Nadia Calviño se ha apresurado a mentir, asegurando que la sentencia exige que Puigdemont debe volver para ser juzgado ante la Justicia española.
Precisamente, el pasado 31 de enero de 2023, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que una petición de extradición de un exiliado puede rechazarse si la persona requerida pertenece a un “grupo objetivamente identificable» de personas que corren el riesgo de vulneración de sus derechos. Esto prepara el terreno para las sentencias de la Justicia europea que se publicarán en breve donde, muy probablemente, concluirán que la Justicia española tiene un fallo sistémico respecto al “grupo objetivamente identificable” conformado por los independentistas catalanes.
Pese a que el poder político de la UE mira hacia otro lado, la Justicia europea va desvelando que existe una situación totalmente impropia de la UE respecto a cómo España afronta, con métodos antidemocráticos, el problema con Cataluña. España ha enviado policías a reprimir votantes pacíficos, abusa judicialmente suspendiendo diputados e impidiendo el libre debate en el Parlament de Catalunya, cataloga protestas no violentas como actos de rebelión y terrorismo, encarcela a políticos y activistas pacíficos, inventa acusaciones a través de grupos policiales secretos que realizan actividades ilegales (caso “Operación Cataluña”), espía ilegalmente con Pegasus políticos, activistas y abogados (caso “Catalan Gate”), deshumaniza a los independentistas usando los medios de comunicación como herramienta de propaganda,…
El poder político europeo nos propone que solucionemos este conflicto negociando con España, pero si estas personas sufrieran los abusos que nos están infligiendo, entenderían que no existe una base de juego limpio que permita negociar de verdad.
Esta praxis abusiva proviene de la mala fe arraigada en España desde su conformación moderna (en 1714), cuando eligió eliminar políticamente a Cataluña y cualquier rasgo de identidad diferenciada, con el único propósito de mantenerla sometida y drenarla económicamente. Por eso el militar Baldomero Espartero en 1847, después de bombardear Barcelona para sofocar una revuelta, declaró: «Para el bien de España, es necesario bombardear Barcelona cada 50 años», cosa que ha ido ocurriendo regularmente. No es un problema coyuntural, es un problema de origen. Por eso queremos nuestra libertad y la conseguiremos con o sin la ayuda de la UE.
RESOLUCIÓN DE LA ONU
https://www.elnacional.cat/en/politics/united-nations-condens-spain-breaching-rights-catalan-puigdemont_1028091_102.html
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https://www.vilaweb.cat/noticies/the-un-condemns-spain-for-having-violated-the-political-rights-of-carles-puigdemont/
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Fotografía : Derechos del Equipo del Presidente Carles Puigdemont
