Dr. Luis Riveros
Decano Facultad de Economía, U. Central
El país observa, con enorme desconcierto, los actuales acontecimientos marcados por acusaciones sobre mal uso de los recursos públicos. Es cierto, no es primera vez que este tipo de cosas ocurre en Chile, siempre causando desorientación e incredulidad en la ciudadanía. Lo que pasa es que, en ocasiones anteriores, se trató de dineros privados que iban a ciertos bolsillos para comprar voluntades en decisiones públicas.
Así fue, por ejemplo, en los casos de las pesqueras y de PENTA. En otras ocasiones fue la existencia de pagos anómalos o ilegales basados en presupuestos inflados artificialmente, y que acudían a funcionarios públicos, como fue el mentado caso MOP-GATE. También está el caso de conflictos de interés que habrían sido diseñados para distraer recursos públicos, como fue el caso CAVAL y el más reciente de Clínica Sierra Bella. Y si uno retrocede más en la historia, se puede llegar a un conteo de estafas y mal uso de recursos públicos que realmente deben avergonzarnos, poniendo de relieve que no somos el país tan probo y transparente que siempre dijimos ser.
Lo nuevo de estas recientes revelaciones asociadas al verdadero desfalco de varios miles de millones de pesos a través de fundaciones privadas, son tres cosas. Lo primero, es que al parecer se diseñó un verdadero mecanismo para poder llevar a cabo la operación de traspaso fraudulento de recursos públicos a entidades privadas. Este mecanismo envolvía la operación de ciertas fundaciones que, bajo el expediente de determinadas tareas, recibían recursos asignados directamente por organismos públicos como el caso de Gobernaciones. Lo segundo, es que esto verdaderamente parece haber cubierto a todo el país, ya que se trata de varias decenas de fundaciones distribuidas en casi todas las regiones y que habrían operado en un similar esquema de traspaso directo de recursos. Tales fundaciones recibían recursos por tareas muchas veces insustanciales, dando lugar a la sospecha de una operación fraudulenta, lo cual fue facilitado por una flexibilización de los controles que operaban tradicionalmente y que obligaban a asignar recursos sobre la base de concursos públicos. Lo tercero que es notorio, es el monto total envuelto en este cúmulo de operaciones, que se dice alcanzaría a más de 19 millones de dólares, y que estaría sacrificando así recursos destinados a lo más carenciados de nuestra población. Es fácil decir cuánto se podría haber hecho en beneficio de la población más pobre con este tipo de recursos.
Todavía no existe una querella sobre estos hechos, de los cuales la ciudadanía se informa por medio de notas periodísticas y trascendidos. Además, la justicia opera lentamente, y producto de ello hay sólo dos personas formalizadas, aunque la magnitud y extensión de esta operación parece envolver a muchas más. Sin embargo, se está investigando y es bueno que se deje operar a las instituciones, puesto que la gravedad del tema así lo amerita. Por una parte, porque se habría extraído recursos dirigidos a los más pobres para beneficiar algunos objetivos políticos o personales. Esto es, como se ha mencionado, un caso de “Hood Robin”: robar a los pobres para beneficiar a los no pobres. En segundo lugar, porque aquí habría operado un diseño instaurado para desfalcar al fisco, envolviendo la creación y operación de estas fundaciones, con asignaciones directas por parte de entidades públicas y bajo la anulación de controles de auditoría que antes prevalecían en materia de asignaciones.
En nuestro país tenemos que hacer un esfuerzo por introducir formación ciudadana en nuestra educación, como asimismo formación en valores en los que hay que incluir la honestidad y la transparencia. ¿Cómo podemos hacer esto bajo un escenario como el actual?; ¿Cómo hacerlo si la misma autoridad no interviene de manera taxativa frente a estos acontecimientos?; ¿Cómo transmitir a las nuevas generaciones una efectiva nueva escala de valores cuando estos acontecimientos ponen de relieve la indignidad? Es hora de que la política se someta a los bordes que deben imponer los principios de transparencia y honestidad en la función pública, sobre los cuales tanta declaración y tan poca acción ha existido recientemente
