Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat Lucero.
Pareciera que el ajetreo de la vida presente nos va alejando de los acontecimientos relevantes de nuestra historia, sin embargo, cada cierto tiempo percibimos la fuerza e importancia de su presencia.
Estimamos que éste es el caso de la Reforma Procesal Penal, cuyo inicio en la Región de Atacama conmemoramos el pasado 16 de octubre, y que ahora, en su 22º Aniversario, justifica plenamente recordarla como un hito señero de la modernización del Estado, consolidado tras el retorno de la democracia en el país y que fue la expresión más genuina del ánimo de consenso que, en ese entonces, distinguía las relaciones políticas y sociales del naciente régimen.
Dicha anuencia, destinada a superar el descrédito que afectaba al centenario sistema de enjuiciamiento criminal, vigente a la época, tuvo la virtud de combinar diversos aspectos en los ámbitos normativos, dogmáticos, institucionales y organizacionales, que culminó en un cambio paradigmático en la cultura del país, que si bien en lo fundamental significó separar las funciones de investigar hechos delictivos y su juzgamiento, asignándolas en adelante al Ministerio Público y al Poder Judicial, respectivamente, constituyó el anhelado fruto de dos propósitos diferenciados: por una parte, incorporar la perspectiva de los Derechos Humanos (garantías constitucionales) y, al mismo tiempo, integrar un acuerdo acerca de la necesidad de perseguir eficazmente los delitos y obtener sentencias condenatorias oportunas y ajustadas a las garantías de un debido proceso.
Sobra señalar el relevante rol que la ha correspondido a la Fiscalía de Chile en la consolidación del nuevo sistema procesal penal, demostrando en estos 22 años en la región su capacidad para dirigir el proceso de investigación criminal merced a su especialización y definida disposición para el trabajo multidisciplinario y de coordinación con los organismos policiales, que sitúa a la institución como una entidad pública que, a diario, renueva su compromiso de cumplir sus tareas con eficiencia y calidad, sin ignorar introspectivamente aquellas deficiencias cuya superación constituyen desafíos y logros permanentes.
En suma, la reforma del sistema de justicia penal permitió avanzar en garantías y eficacia, cualidades que expresan un excepcional empeño modernizador del Estado que, en la actualidad, registra resultados satisfactorios que debieran enorgullecer a todos los actores que contribuyeron en dicho afán, demostrando ello, de paso, la necesidad de replicar, en la actualidad, en el diseño de políticas públicas emergentes, el generoso consenso político y social logrado en el pasado con la reforma procesal penal.
En este nuevo año de funcionamiento, relevo la función entregada y profesional de Fiscales y Funcionarios, quienes han sido el soporte principal de un sistema sujeto a permanente e importantes desafíos en el ámbito de la persecución penal y atención y apoyo a víctimas y testigos.
