- Parlamentaria afirmó que hoy los consumidores demandantes suelen quedar en situación de desventaja ante las empresas, o “como David contra Goliat”, al aplicarse el criterio del juez de cargar sobre ellos la responsabilidad de probar un reclamo, lo que se busca cambiar estableciendo el deber de distribuir la carga probatoria.
Con el fin de “terminar los abusos de algunas grandes empresas”, la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, ingresó un proyecto de ley de su autoría, que busca establecer el deber de distribuir la carga de la prueba en la Ley del Consumidor, para que los jueces no carguen la responsabilidad probatoria solo en el consumidor demandante.
De este modo, se plantea terminar con la atribución facultativa que actualmente otorga la legislación al tribunal, y se fija el deber de dictar ese deber según la disponibilidad y facilidad que posea cada parte; lo que mayormente corresponde a las empresas, por su acceso a medios como cámaras de vigilancia y otros recursos de prueba.
La iniciativa fue presentada por la diputada Cicardini junto al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, y los también parlamentarios socialistas, Daniel Manouchehri y Ana María Bravo, y es respaldada además por un grupo transversal de diputadas y diputados.
Al respecto, la también vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, señaló que “lo que queremos con este proyecto, es terminar con la asimetría del abuso de algunas grandes empresas, que hoy en día se aprovechan de la aplicación de este criterio que indica que quien realiza una demanda, es sobre quien recae el peso y el deber de la prueba de lo que se reclama”.
“El problema es que en el caso de los consumidores aplicar siempre este criterio, significa muchas veces dejar a las personas como David contra Goliat; es dejar a los consumidores solos ante empresas gigantes y poderosas, y por ello queremos darle la vuelta al abuso, y transformarlo en verdadera justicia para las y los consumidores”.
Cicardini agregó que por ello “queremos establecer el deber de distribuir la carga de la prueba al momento de aplicar la normativa. Lo que significa que quien esté en mejor pie o tenga el mejor acceso a los medios de prueba, es quien debe probar su versión o posición ante el juez o tribunal”.
En esa línea, la legisladora graficó que “en un caso similar al de La Polar, un juez hoy puede determinar que el consumidor demuestre que lo que compró es falsificado. Queremos cambiar esto que se presta para abusos y que también las empresas tengan que demostrar que lo que venden es auténtico”.
“ O cuando estamos viviendo situaciones de inseguridad en nuestro país, si hay un robo de un vehículo o de artículos en su interior desde el estacionamiento de un centro comercial, con este proyecto no serían los clientes los que tengan que acreditar que efectivamente sufrieron ese robo, cuando además la propia empresa le niega el acceso a registros como cámaras, sino sería el centro comercial quien tendría que acreditar que tenía las medidas de seguridad adecuadas o que aquello no ocurrió, en base precisamente a pruebas como videograbaciones”.
En tanto, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, destacó que esta es una buena noticia “porque los consumidores van a tener juicios más justos y van a poder hacer efectivo el derecho que tienen, cuando demandan, de que los jueces obliguen a las empresas a entregar la información para probar que no han cometido infracciones y no dejarle la carga de la prueba a los consumidores. Es un avance importante para la protección de los consumidores”.
