Por: Cristina Bravo Bassi
Abogada
“El vulgo no es más que una pelusa,
Y de los de arriba no se puede fiar.
Si en la balanza se pusieran todos,
Ni un soplo pesarían”[1]
Uno de los grandes problemas sistémicos que ha identificado a América Latina son los casos de corrupción: Brasil y el caso “Lava Jato”, presidente de Guatemala Otto Perez Molina y los 16 años de cárcel, Kirchner en Argentina, Petro en Colombia, o Chile con el Caso “Penta” o con el caso “SQM”, lo cuales, al ser casos de alta connotación política, afectaron precisamente los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de la región. Ahora bien, según antecedentes recabados por la plataforma Statista Research Department (marzo, 2023) de acuerdo al índice de percepción de la corrupción en América Latina y el Caribe en 2022 (“es un indicador que refleja los puntajes obtenidos por cada país en áreas tales como sobornos a funcionarios públicos, sobornos en la contratación pública, malversación de fondos públicos y eficacia de los esfuerzos anti-corrupción de los gobiernos”[2]), curiosamente, Chile, se ubica en el segundo lugar como el país con menor percepción de actos de corrupción, claro está, que el reflejo de percepción, sigue siendo una cuestión meramente subjetiva, sin embargo, dicho estudio refleja la imagen país sobre estos delitos.
No obstante a lo anterior, llama profundamente la atención que, Chile, siendo un país democráticamente robusto y con sus aparatos estatales definidos y establecidos, ha caído en lo más bajo en cuanto a temas de corrupción. El caso “Convenios” puso en jaque, nuevamente, la probidad pública y por sobre todo, la falta de control y fiscalización de la utilización de los recursos públicos. Estos actos, sin duda, degenerativos de la función pública, normalizan y rompen con toda la estructura estatal respecto de la probidad. El caso de la fundación “Democracia Viva”, los 1000 millones desaparecidos en Algarrobo, el caso audios del SII, sin dejar de lado, en nuestra región de Atacama, la adjudicación por más de mil millones a una empresa sin experiencia para prestar servicio en el SLEP ATACAMA, entre otros, representan sin duda alguna, una realidad respecto a esta nueva forma de gobernar llamado Cleptocracia, el cual se define como «el sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos» (Tablante, 2018)”[3], para lo cual, se podría interpretar fácilmente como una acción criminal, donde el beneficio de forma ilícita proviene del ejercicio de poder, principalmente por la posición política en que se encuentran, siendo protegidos incluso, por acciones de ocultamiento y que evidentemente, involucra a distintos actores y sujetos activos en determinados casos.
El descaro y la poca vergüenza se han instalado en la clase política chilena, y la política ha invadido a los distintos poderes del estado, y a sus servicios públicos, lamentablemente, la cleptocracia se ha institucionalizado y normalizado, tanto así que, los actos de corrupción a nosotros, los ciudadanos medios, ni siquiera nos sorprenden, por el contrario, cada caso no es sino, más de lo mismo. La confianza en los políticos ha decaído y la corrupción desatada a sus anchas, no ha hecho sino, mostrar un gobierno débil, desorganizado y decadente.
Chile puede mejorar, pero, mientras la ciudadanía no tenga el discernimiento para escoger a sus gobernantes, difícilmente superaremos esta hecatombe.
[1] Salmo 62(61): 10
[2] https://es.statista.com/estadisticas/1073892/america-latina-indice-percepcion-corrupcion-pais/
[3] (Citado en M., Filiberto, 2019)
