Juicio Oral por ilícitos de carácter económicos cometidos en el municipio de Tierra Amarilla comienza este lunes. Acusación del Ministerio Público incluye a nueve involucrados entre exfuncionarios de la casa edilicia y particulares.
Para este lunes 22 de abril está programado el inicio de la audiencia de Juicio Oral de la causa penal denominada “Operación Pureza”, por hechos de corrupción constitutivos de delitos cometidos en la Municipalidad de Tierra Amarilla. Esto luego del extenso y dedicado trabajo de la Fiscalía de Atacama junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en una causa particularmente compleja por el modo de operar de los involucrados.
De acuerdo con los antecedentes de la acusación presentada por el fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda Flores, a partir de la fecha en que asumió como alcalde suplente el acusado, Mario Morales Carrasco, luego de prometer beneficios económicos a cuatro concejales de Tierra Amarilla a cambio de sus votos dentro del Concejo Municipal, comenzaron a sucederse acciones irregulares referidas al pago de coimas en los procesos de adjudicación de proyectos. Actos de corrupción que generaron un grave perjuicio económico a las arcas municipales y que fueron formalizados por el fiscal de la causa en julio del año 2020.
“La Fiscalía de Atacama dirigió está investigación a partir del análisis de los medios de prueba contenidos en la carpeta de este caso y las instrucciones entregadas a personal de la Bridec de la PDI. Con ello, fue posible reunir una importante cantidad de medios de prueba, algunos de los cuales fueron expuestos en su oportunidad en la audiencia de formalización en que se dejó de manifiesto la comisión de los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno. Además de negociación incompatible y obstrucción a la investigación respecto del edil y algunos de los funcionarios municipales detenidos”, dijo el fiscal.
Según los antecedentes contenidos en la acusación de esta causa, documento de más de 390 páginas, el alcalde suplente de la mencionada comuna, junto a un grupo de cercanos colaboradores también funcionarios de esta casa edilicia, un ex trabajador del municipio y cuatro contratistas; se concertaron para la asignación irregular de proyectos de mantención y ejecución de obras, licitaciones que eran definidas a cambio de coimas en dinero en efectivo que eran sustraídas de los precios artificialmente aumentados de los costos de cada obra.
PENAS
A partir del trabajo de la Fiscalía de Atacama se definieron los delitos por los que fueron acusados todos los involucrados, además de las sanciones que se solicitarán por su participación individual en los hechos indagados.
Es así, por ejemplo, que en el caso del ex alcalde suplente se acusó por su responsabilidad en los delitos de cohecho pasivo, fraude al fisco, asociación ilícita, negociación incompatible y obstrucción a la investigación. Ilícitos por los que la Fiscalía pedirá se apliquen penas privativas de libertad que superan los 40 años de cárcel. “El Ministerio Público está solicitando respecto del universo de los acusados, penas de cárcel que suman 250 años de privación de libertad entre todos los involucrados. Esto al determinar que las coimas pagadas por la asignación de proyectos llegan aproximadamente a los 300 millones de pesos”, dijo Miranda.
Respecto de las sanciones solicitadas el fiscal agregó que “los hechos descritos por la Fiscalía, a partir de la función investigativa que dirigió en este caso, dan por acreditados la comisión de los delitos, por lo que las penas solicitadas son aquellas que la Ley contempla y creemos se ajustan frente a la gravedad de los delitos cometidos, especialmente por aquellos imputados que, ocupando cargos públicos y con una responsabilidad social a la comunidad, utilizaron dichos cargos para urdir la forma de apropiarse de recursos del Estado”.
El fiscal Luis Miranda indicó que, en este juicio, el que se espera se extienda por cerca de 6 meses, presentará diversa prueba testimonial, contemplando la declaración de más de 100 personas; además de variada prueba documental respecto de todos los acusados, junto a otra evidencia reunida durante el plazo decretado por el Juzgado de Garantía para el desarrollo de las diligencias de esta causa.
Cabe consignar que el Consejo de Defensa del Estado es parte querellante de la investigación y será interviniente en la audiencia de Juicio Oral.
