Por Ulises Carabantes Ahumada – Ingeniero Civil Industrial – Escritor
“Gracias a los que velan desvelándose. Ustedes son sin saberlo, los guardadores de nuestros sueños y la conciencia de la ciudad”. Gabriela Mistral.
Junto con el sentimiento de rabia e impotencia que experimenté al enterarme del vil asesinato perpetrado sobre tres carabineros en la zona sur del país, vinieron a mi mente estas hermosas palabras que nuestra insigne Premio Nobel de Literatura estampó en un libro de guardia de uno de los tantos cuarteles que Carabineros tiene desplegados en nuestra larga geografía. Dichas de otra forma las bellas palabras de Gabriela, podemos afirmar que Carabineros de Chile es uno de los pilares fundamentales de la república democrática que es nuestro país, ellos, por mandato constitucional, son sostenedores del Estado de Derecho imperante. Atacar a Carabineros es atacar a la democracia y el imperio del derecho, quienes atacan a la institución del verde uniforme y de las carabinas cruzadas tienen como objetivo, ni más ni menos que socavar la democracia y el Estado de Derecho. Pero el ataque sobre esta institución no necesariamente es a balazos o quemando vivos a sus integrantes, como lo fueron el Sargento Primero Carlos Cisterna Navarro (QEPD), el Cabo Primero Sergio Arévalo Lobo (QEPD) y el Cabo Primero Misael Vidal Cid (QEPD). También Carabineros de Chile ha sido objeto de un ataque sistemático de parte de los sectores políticos que hoy gobiernan Chile. Claro, al ser pilar fundamental del Estado republicano que es Chile, quienes venían con un objetivo refundacional que plasmaron en la propuesta constitucional de 2022; vieron en Carabineros un objetivo primario a batir. Veamos.
Durante los sucesos de violencia sistemática, claramente planificados, coordinados y por supuesto financiados, violencia desatada sobre Chile a partir del 18 de octubre de 2019; Carabineros fue objeto de una campaña comunicacional desatada por quienes promovían y defendían el bloqueo de calles, avenidas y rutas interregionales, los saqueos masivos y los ataques de todo tipo, incluido los incendiarios, a la propiedad pública y privada. Sólo como ejemplo es bueno recordar el rumor que se creó y que tuvo como caja de resonancia a importantes figuras de partidos del actual gobierno, como fue el supuesto centro de torturas que Carabineros había instalado en la Estación Baquedano del metro de Santiago. La diputado comunista Carmen Hertz señaló al respecto en sesión de la Cámara de Diputados el 23 de octubre de 2019: “El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirmó que una parte de la estación Baquedano del metro está siendo utilizada como centro de detención ilegal, de golpizas y torturas a detenidos. Eso es gravísimo”. Por otra parte, quien fue candidata a presidente de la república y hoy ejerce como embajadora en México, Beatriz Sánchez, publicó en su twitter “INDH denuncia torturas, si, torturas en la Estación Baquedano. Simplemente inaceptable. El Ministro del Interior @andreschadwickp debe renunciar hoy”. Ambas políticas adjudicaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos tal versión de los hechos, sin embargo el director del INDH de la época, Sergio Micco, argumentó que su institución no había confirmado nada y que estaba a la espera de la investigación del Ministerio Público. Dicha investigación dio como resultado la falsedad absoluta del rumor que acusaba a Carabineros de tener un centro de tortura en la estación de metro señalada. Hasta la fecha ni la señora diputado ni la embajadora en México han pedido disculpas a Carabineros de Chile por la calumnia de la que ellas se hicieron parte en un evidente ataque a la institución policial. Algo similar ocurrió con un joven carabinero que fue acusado de haber empujado a un activista político desde un puente hacia el río Mapocho en Santiago. El carabinero en cuestión fue separado de su institución, estuvo preso por cinco meses y la investigación ha ido demostrando que la hechos no ocurrieron como se publicó en una primera instancia. Vale señalar también que por las acciones de carabineros durante los últimos meses de 2019 y los primeros meses de 2020 que enfrentaron la violencia desatada y la ruptura del Estado de Derecho en Chile, será sometido a proceso próximamente su actual Director General, General Ricardo Yáñez, bajo la acusación de “omisión”. Se podría hacer mención a una larga lista de acusaciones sobre Carabineros pero no es objetivo de esta columna enumerarlas todas.
Si creo que es necesario reflexionar sobre el llamado uso proporcional de la fuerza, sobre el cual aún se debate en el Congreso y por largo tiempo ya, una de cuyas últimas indicaciones ingresada por el gobierno está orientada a hacer un uso de la fuerza por parte de Carabineros y FFAA, instituciones que “deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”. Así, tal cual. Y mientras tanto, siguen asesinando carabineros. Un adolescente armado, una mujer armada, un migrante armado, un indígena armado o un adulto mayor armado y con intenciones terroristas o delictuales, tiene el mismo grado de peligrosidad que un hombre mayor de 18 años y menor de 70 años con las mismas intenciones. Pero al gobierno le preocupa proteger a ciertos delincuentes, de lo contrario, no ingresaría estas indicaciones.
La ministro del interior, señora Carolina Tohá acuñó durante el año 2023; en el marco del debate sobre estas normas, el concepto del “gatillo fácil”, buscando ejemplificar el espíritu del gobierno en esto del uso racional o proporcional de la fuerza por parte de Carabineros y FFAA en función de orden interior. Es decir, que estas fuerzas no tengan todas las atribuciones para el uso de sus armas de servicio al ser objeto de un ataque. Al parecer, se propone que los uniformados evalúen hasta último momento la situación que se enfrenta. En ese contexto, parece quedar claro que en los hechos que terminaron con tres carabineros asesinados no hubo “gatillo fácil”, porque si lo hubiera habido, habría terroristas muertos y no tres carabineros asesinados. Hay que preguntarle a la ministro Tohá al respecto, si en su imaginario y objetivo supremo del uso proporcional o racional de la fuerza se contemplan como un éxito estos resultados, me refiero a no haber habido “gatillo fácil” pero con los tres carabineros muertos en Cañete. Ministro Tohá, ¿Cuál era la acción racional que debieron usar los carabineros como respuesta al ataque del que fueron objeto? Son necesarias estas preguntas y por supuesto las respuestas a ellas, porque hay que ponerse en el otro posible resultado de los hechos. Los carabineros disparando matan a dos o tres terroristas. ¿Qué estaríamos presenciando en este momento? Los tres carabineros separados de la institución y presos para ser sometidos a proceso. Esa es la realidad que muestran muchos hechos que se han vivido. Pero el drama terminó como todos sabemos, con tres carabineros quemados. Cabe preguntarse entonces, ¿es este el costo que debe pagar Chile con tal de lograr el supremo objetivo de la ministro Tohá y el gobierno? Es decir, o carabineros pierden “la pega” y se van a la cárcel o pierden la vida. Estas son las dos opciones que se le están dando a la policía uniformada. De esta forma, será muy difícil que Carabineros pueda cumplir con su mandato legal que es mantener el Estado de Derecho, claramente violentado en la macro zona sur. Así, tendremos terrorismo por décadas.
Las familias de los tres carabineros quemados, la institución Carabineros de Chile y todos los chilenos, merecemos respuestas de parte del la ministro Tohá a todas estas interrogantes, sin eufemismos, sin hablar mucho para decir nada, sin vueltas de carnero, muy clara, didáctica y pedagógica por favor señora Tohá, para que todos podamos entender.
