“Necesitamos una señal concreta para mantener vivo el fomento de la pequeña y mediana minería”, señaló la legisladora y presidenta de la instancia fiscalizadora. En tanto, entre las recomendaciones de la comisión destacan la no recontratación futura de ejecutivos responsables, y a perseguir eventuales sanciones civiles y penales.
En vísperas de una nueva Cuenta Pública Presidencial, y tras la aprobación del informe final y conclusiones de la Comisión Especial Investigadora,CEI, sobre administración y estados financieros de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, quien presidió la instancia fiscalizadora, instó al gobierno a capitalizar la estatal.
“Yo creo que esta es la oportunidad para que el Presidente dé un mensaje contundente del compromiso con las empresas estatales. Anteriormente se han capitalizado Enap, TVN, Codelco y por qué no Enami”, apuntó Cicardini.
Entre otros aspectos, el informe de la CEI, revela que la crisis financiera de ENAMI, con una deuda de corto plazo de MUS$634.703, es el resultado de políticas gubernamentales y administraciones deficientes en distintas distintas administraciones pasadas. «Tanto integrantes del Directorio como Vicepresidentes Ejecutivos, son responsables de los hechos investigados, ya que ellos eran los encargados de levantar las alertas y aplicar drásticas sanciones para aquellos funcionarios responsables», indica el documento.
En esa línea, la parlamentaria por la región destacó que «como región que alberga la mayor cantidad de pequeños y medianos productores, nadie mejor que las y los atacameños sabemos del valor de ENAMI y su rol histórico de fomento de la Pequeña Minería,» y agregó, «la crisis de deuda que enfrenta, y por cierto, sus consecuencias con el reciente mazazo del cierre de la fundición Hernán Videla Lira. Por ello, se hace necesario una señal concreta para darle revitalización a la Enami y para que de esta forma podamos mantener más vivo que nunca lo que es el fomento de la pequeña y mediana minería”.
En ese sentido, Cicardini recordó que la Comisión Investigadora impulsada por ella surge ante “denuncias de trabajadores y trabajadoras de ENAMI sobre irregularidades, números inflados, adulteraciones de resultados y sobre emisiones al medioambiente, o falta de sanciones tras una auditoría interna. Por ello lamento profundamente que hoy sean las y los trabajadores los primeros perjudicados de un hilo que se vuelve a cortar por lo más delgado, que son ellos – quienes justamente buscaron proteger a la empresa – con una decisión de cierre temporal de la fundición que no compartimos, y que nos inquieta se transforme en definitivo.
A raíz de aquello la parlamentaria lamentó “la pésima decisión del directorio en el gobierno del presidente Piñera, de guardar en un cajón y no avanzar un milímetro en el proyecto de una nueva fundición, que tal vez pudo evitar el actual cierre, y la pérdida de cientos de empleos”; o por lo que hizo un llamado al gobierno para que ofrezca garantías concretas sobre la construcción de la nueva fundición, y “con un nuevo estándar que capture el 99% de las emisiones y al mismo tiempo siga siendo motor de los pequeños mineros.»
Conclusiones y recomendaciones
El documento aprobado por la Cámara apunta en especial a la inacción de los ejecutivos de ENAMI durante un periodo crítico marcado por denuncias de irregularidades. El documento señala que, a lo largo de dos décadas, las administraciones sucesivas no han atendido adecuadamente las alertas levantadas por sindicatos y trabajadores, lo que ha contribuido al deterioro financiero de la empresa.
También subraya la responsabilidad de varios ejecutivos en la situación actual de la empresa y recomienda que no se les permita ocupar cargos en otras entidades estatales.
Entre las propuestas, se insta a la búsqueda de la aplicación de sanciones civiles y penales a los ejecutivos implicados, según corresponda. También se hace un llamado para revertir el cierre de la fundición en Paipote, una medida que busca preservar empleos y mitigar el impacto económico en la región.
En el ámbito financiero, se sugiere que el Ejecutivo tome medidas para reestructurar los pasivos de ENAMI, que actualmente enfrenta una situación de asfixia financiera. Se propone un plan de modernización integral que incluya la reestructuración del gobierno corporativo de la empresa, con la recomendación de que los cargos ejecutivos sean ocupados mediante procesos de selección de alta dirección pública.
El informe aboga por fortalecer la labor fiscalizadora de Cochilco, con el fin de prevenir futuras irregularidades y asegurar una gestión transparente y eficiente en ENAMI y otras entidades mineras del estado.
Finalmente, se aprobó remitir el documento a las autoridades de gobierno, Cochilco, Contraloría General de la República (CGR), Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Fiscal Nacional del Ministerio Público, a fin de la adopción de las medidas correspondientes.
