- En una intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, solicitó el envío de oficios de fiscalización a fin de abordar las preocupantes demandas que han motivado la movilización de estudiantes del Centro de Formación Técnica Estatal (CFT) de Atacama, ubicado en la comuna de Chañaral.
Se trata del reclamo de jóvenes de las carreras de Mantenimiento Electromecánico de Equipos Móviles y Técnicos en Enfermería (Tens), que se han movilizado y realizado manifestaciones ante carencias de condiciones básicas, como materiales para talleres y salas de clases, respecto a insuficientes docentes y por la falta de acreditación que ha afectado su proceso educativo.
Al respecto, la diputada Cicardini enfatizó que debido a la inexistencia de insumos los estudiantes “señalan incluso que han debido comprar de su bolsillo las herramientas necesarias, y que existen problemas graves de falta de docentes que han retrasado el inicio de carreras completas; tiempos que no han sido recuperados y que de todas formas fueron cobrado por la institución, y que al ser carreras no acreditadas les ha resultado más difícil conseguir prácticas profesionales”.
“Estamos hablando de estudiantes entre los cuales muchos de ellos no tienen gratuidad, en carreras que están por sobre el $1.800.000 anual, y que el CFT no cumpla con las condiciones mínimas es inaceptable”.
Asimismo, Cicardini criticó que recién tras las movilizaciones el CFT emitió un comunicado, que calificó como “insignificante ante la magnitud del problema, que evidencia la falta de gestión, una actuación reactiva y no preventiva ante la montaña de problemas que enfrentan como institución, los que nos parece insostenible, porque finalmente terminan afectando el proceso educativo de cientos de alumnos y alumnas de Chañaral y de esa provincia, y eso no lo podemos permitir”, enfatizó.
En esa línea, la legisladora recordó que su inquietud sobre el tema no es nueva, ya que previamente acogió denuncias por irregularidades, malos tratos y vulneraciones laborales, como desvinculaciones que la Contraloría General de la República ordenó revertir, en un dictamen incumplido hasta la fecha.
A ello se suman deudas con la empresa que realizó obras de mejoramiento y de infraestructura, donde se denunció además la contratación de una funcionaria municipal de manera paralela en el CFT, lo que también fue denunciado en su minuto ante Contraloría.
Debido a lo expuesto, Cicardini solicitó el envío de nuevos oficios de fiscalización dirigidos al Ministro de Educación, a la Superintendencia de Educación Superior y a la Contraloría General de la República, a objeto que se investigue en terreno el mal funcionamiento del CFT Atacama y se encuentren soluciones a corto plazo. Además de identificar y sancionar a los responsables de la mala gestión administrativa y educacional que ha afectado a los alumnos.
