Por Ulises Carabantes Ahumada – Ingeniero Civil Industrial – Escritor
Ex Secretario Regional Ministerial de Minería y Energía de Atacama
Secretario Ejecutivo Corredores Bioceánicos Paso de San Francisco y Paso de Pircas Negras
Chile se ve enfrentado en el presente a un alza en el precio de la energía eléctrica que llegará en el presente año a un 30% y durante el año próximo entre 50% a 60%, lo que obviamente se reflejará en lo que cada hogar paga mes a mes.
Esto no es ni más ni menos que el recurrente y lógico resultado que siempre se obtiene cuando se toma la decisión de intervenir los mercados, en este caso el mercado de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Los precios de bienes y servicios son el reflejo del costo de producción que estos tienen, simplemente eso y no hay varita mágica que pueda contra ello. La mágica fijación de precios siempre trae estos resultados, o mercado negro en algunos casos o la realidad de estar frente a un globo que está a punto de estallar y que es necesario descomprimirlo. No obstante lo anterior, ante el problema se pretende, por parte de algunos, insistir en políticas que siguen distorsionando realidades y generando “hoyos” por otro lado.
En noviembre de 2019 existía la realidad de alza en el precio de la energía en un 9,2%; pero, dado el clima de violencia generalizada imperante por esos días, se respondió frente a esa violencia, entre otras cosas, congelando el precio de la energía. El costo de la menor facturación lo tuvo que asumir la industria generadora, cuyos precios impactan en un 70% en el costo final que pagan los usuarios. Pero, nada es gratis en la vida, las realidades se imponen y alguien debe pagar siempre el costo de las cosas. Es el Estado, es decir todos los chilenos, el que debería pagar la deuda con las generadoras que comenzaron a asumir una pérdida. Se fijó un monto máximo de deuda del fisco con esta industria, mil trescientos cincuenta millones de dólares, monto que rápidamente fue alcanzado. Dado esto último, el actual gobierno rápidamente extendió el congelamiento, léase fijación, de precio de la energía, definiéndose un nuevo monto de deuda del Estado con las generadoras eléctricas: cinco mil quinientos millones de dólares. Pero, la realidad siempre se impone a las intervenciones que se pretende hacer en un mercado, aumento en el precio internacional de los combustibles por una parte y la mayor tasa de cambio por otra, han sido factores fundamentales para que ya esté sobre pasado este último monto máximo de deuda del Estado con la industria generadora de energía eléctrica, cifra que ya ha llegado a seis mil millones de dólares. El globo está a punto de estallar y el haber negado el normal y autónomo desenvolvimiento del mercado eléctrico provoca este grave problema, con un aumento sustantivo e instantáneo y no gradual del precio de la energía, gradualidad que se hubiera tenido si no se hubiera tomado la decisión de fijar el precio en 2019. Esto trae como consecuencia una nueva y lamentable presión inflacionaria en el país. Es decir, estamos frente a los conocidos resultados de políticas sabidas por todos, pero que en forma no fácil de creer se insisten en aplicar y cuyos costos siempre terminan pagando siempre los que tienen menos recursos.
Y ante esa realidad se está empujando a caer en un nuevo error: masivos subsidios. Esto traerá dos efectos, se seguirá estrujando a una caja fiscal desfinanciada, dicho esto por el propio Ministro de Hacienda Mario Marcel y existirá una presión sobre la demanda de energía, porque el menor precio ficticio que provocará el masivo subsidio hará que el consumo aumente en gran parte de la población. ¿Cómo se pretende financiar el masivo subsidio?, ¿más impuestos que seguirán ahogando la economía nacional? Dicho menor precio ficticio, al presionar al alza la demanda de energía, se transforma también en una medida anti ecológica, aspecto que tanto (aparentemente) pretende resguardar el actual gobierno, pues la necesaria mayor producción de energía se hará en base a carbón principalmente. Dado el escenario actual, donde la matriz energética chilena sigue estando basada en forma muy importante en base a los combustibles fósiles, subsidiar el consumo de energía es una medida derechamente anti ecológica. ¿Y qué pasa con las energías renovables no convencionales? Chile tiene un enorme potencial al respecto, todos lo sabemos, fundamentalmente en lo que es producción de energía en base al sol cuya mayor producción se da en la zona norte de nuestro país. Pero, es necesario aclarar, la energía debe ser transportada por medio de un sistema de transmisión. De otra forma, por lo menos hasta ahora, no se puede, no existiendo actualmente en Chile la capacidad de inyectar al sistema toda la energía limpia producida. Es precisamente un servicio del Estado el que está obstaculizando en forma determinante que se potencie el uso de energías limpias, CONAF y con esto a “descarbonizar” la matriz energética nacional. Me estoy refiriendo al proyecto de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre, que contempla comenzar su trazado de 1.350 kilómetros en la comuna de María Elena en la Región de Antofagasta para terminar en la comuna de Pudahuel en la Región Metropolitana de Santiago. Este proyecto de transmisión eléctrica permitirá aumentar el uso de las energías limpias que se están produciendo en el norte de Chile en base al sol y por consiguiente bajar la utilización de la energía en base a carbón. Habiéndose ingresado este proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental, CONAF, institución que tiene como misión administrar la política forestal en Chile, a petición del SEA emitió como conclusión que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “carece de información esencial para la evaluación del proyecto”, solicitando ni más ni menos el término anticipado del proceso de evaluación ambiental del proyecto. Es decir, ninguna flexibilidad para enmendar errores u omisiones en que puedan haber caído las empresas consultoras ambientales de este proyecto.
En consecuencia estamos frente a un Estado que está aplicando muy malas y anti ecológicas políticas respecto de la industria eléctrica. Por una parte, la probadamente nefasta decisión de fijar precio que tiene como consecuencia hoy el resultado de siempre, presión inflacionaria; ante el ineludible aumento de precio de la energía, implementar subsidios cuyas consecuencias lo pagará toda la economía nacional, pues no habrá otra forma de financiar dichos subsidios que recurrir a aumentar la carga de impuestos desincentivando con esto la inversión en el resto de las industrias provocando bajas expectativas en el aumento del empleo y además, en lo específico a la industria de generación eléctrica, crear las condiciones para un anti ecológico mayor consumo de energía por parte de la población, energía producida fundamentalmente en base a carbón y por último, un Estado que está bloqueando a través de una de sus instituciones, el aumento del uso de energías limpias y más baratas para los chilenos producidas en el norte en base al sol. Para no creer y lamentable, pues estas políticas erradas las pagamos todos.
