Guillermo Pérez Rojas
Tierra Amarilla
En el contexto actual de Chile, con un gobierno que nos ha llevado a convertirnos en un estado fallido al no ser capaz de garantizar nuestros valores básicos en seguridad, economía, educación, soberanía, entre otros, quiero compartir mi perspectiva personal administrativa sobre nuestra difícil situación como país, que todos podemos observar cómo se deteriora o auto destruye.
Criminalidad y terrorismo:
Es conocido por la ciudadanía que la criminalidad y el terrorismo han aumentado en nuestro país debido a la inmigración ilegal, cuyo acceso facilitado es respaldado por el gobierno y la ONU. Esto se traduce en una vulnerabilidad en el control fronterizo. Según encuestas, se estima que hay 1,7 millones de inmigrantes legales e ilegales en nuestro país, lo que representa casi el 9% de nuestra población. Se sabe que ingresan personas que vienen a trabajar de forma legal y delincuentes cuyas cárceles en Venezuela fueron abiertas con este propósito, y terroristas o soldados del mismo régimen, cuyas acciones conocemos a través de los medios de comunicación. En este contexto, llama la atención el enfoque dado al secuestro de un ex militar venezolano, que pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad como país frente a estos llamados soldados del régimen de Maduro, quien informó que estaban distribuidos en Sudamérica.
Se confunde cuál es la diferencia entre soldados del régimen y delincuentes cuyas bandas ingresaron a Chile para expandir su empresa mediante tráfico de drogas, prostitución, entre otros ilícitos. Muchos nos preguntamos de dónde proviene el dinero que financia lo mencionado en cuanto a armamento más sofisticado que el de nuestras policías, lo que provoca el rearme de bandas delictuales nacionales y de otros países. Entre estas bandas se encuentra el Tren de Aragua, que según los medios de comunicación controla el oro del Arco Minero del Orinoco, donde se encuentra la cuarta mina de oro más rica del mundo.
Soberanía y asentamientos irregulares:
Desde hace tiempo, nuestras ciudades se están llenando de inmigrantes irregulares, es decir, con control territorial delictual.
Este gobierno se opone a las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), infraestructura crítica e inteligencia para proteger a la ciudadanía y nuestras policías. La incapacidad administrativa pasa factura en cuanto a delincuencia, terrorismo y catástrofes naturales, como hemos visto. En este texto o columna solo menciono algunos ejemplos de traición a la patria; otros, como la corrupción y fundaciones, parecen menores.
Nuestros representantes, diputados y senadores elegidos popularmente, tienen en sus manos la destitución de la administración actual para remodelar y mejorar nuestro país mediante plebiscito y acusaciones constitucionales. Muchos nos preguntamos por qué no se destituye la actual administración del gobierno. Bueno, hay intereses que priman por encima del bienestar ciudadano y el desarrollo de Chile.
El programa de gobierno contemplaba una nueva constitución que fue rechazada por la mayoría de Chile; sin embargo, este gobierno busca e insiste en subir más impuestos a través de la reforma previsional y también administrar nuestros fondos de pensiones para enriquecerse y seguir manteniendo a los empleados públicos, que llegan a 850.000 y que entre 2023 y 2024 han aumentado en más de 100.000. Estos forman parte del 30% de apoyo comunista. El aumento de impuestos empobrece nuestro país, disminuyendo la inversión extranjera y nacional, cuyo beneficio se traduce en más empleo y desarrollo.
Cada vez que el presidente se dirige al país en distintas ciudades (recuerden Iquique y la parada militar del 2023), gestiona un cordón de seguridad donde no ingresa la ciudadanía en general, solo ingresan quienes apoyan el comunismo más 2 o 3 buses de gente del mismo partido que lo acompañan para mostrar respaldo. Hay otros ejemplos de manifestaciones de apoyo auto convocadas.
Desde el punto de vista administrativo, se debe impulsar un proyecto de ley en nuestra constitución para limitar la gestión presidencial por incapacidad e incumplimiento del programa de gobierno por el que fue elegido. Esto se extiende a diputados y senadores, mediante sufragio cada 2 años; es decir, la ciudadanía en general debe evaluar, no esperar 4 años para elecciones. Todos podemos ver cómo se está destruyendo nuestro país en cuanto a seguridad, economía, educación, soberanía, entre otros.
El presidente, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, entre otros, deben ser evaluados por la ciudadanía a la que representan cada dos años. Esto es para asegurar una buena administración de los fondos públicos, seguridad, educación, economía en general, entre otros.
