Cristián Verscheure Casas-Cordero
Periodista, Redactor
Consultor de Comunicaciones
En inglés “greenwashing” es un concepto que encierra la mala práctica en publicidad medioambiental. Es conocido también como lavado verde de Imagen o ecolavado. Tiene su origen en 1986, cuando el ambientalista Jay Westerveld evidenció la incongruencia entre las prácticas de reciclaje de toallas de un hotel en Fiji, que al mismo tiempo se ampliaba y destruía uno de los ecosistemas de la isla.
En 2010, la académica de la Universidad estadounidense de Marymount, Nancy E. Furlow definió esta práctica como “entrega de información falsa o insuficiente por parte de una organización para presentar su imagen pública como responsable ambientalmente”. El greenwashing es una estrategia publicitaria que no se condice con el proceso productivo de la empresa, no tiene mejora significativa en el medio ambiente y solo busca reportar réditos comerciales, sin alterar su proceso productivo.
En 2015, Chile adhirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la mano de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella está presente el objetivo Nº12, que es la Producción y Consumo Responsable, en el que se destacan metas como producción sostenible, reducir la generación de desechos, privilegiar productos locales y promover que las empresas elaboren informes de sostenibilidad.
Bajo este contexto, en febrero de 2024, quedó listo para ser aprobado por el Senado un proyecto de ley destinado a combatir el greenwashing. Esta es una iniciativa que busca a trascender y regular la información ambiental de las empresas en el ámbito de la legislación chilena.
De esta manera, se busca establecer un marco legal que ayude a que las comunidades puedan tomar conciencia sobre la importancia de este tema, y entregar las herramientas necesarias para fiscalizar y sancionar a empresas y organismos que no cumplan la normativa.
Este nuevo compendio legal también sostiene que las empresas que realicen publicidad que ponga énfasis en la sustentabilidad, tienen la obligación de entregar información íntegra, verídica, comprobable y entendible, además de no omitir antecedentes cruciales que lleven a cometer errores. Junto a lo anterior, las empresas deben indicar toda la información sobre sus prácticas ambientales ejecutadas en el territorio nacional y en los países en los que tienen inversiones, actividades, sucursales y faenas.
Así también la futura ley enfatiza que las empresas que hayan sido condenadas por daño ambiental o fueron sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente por infracciones graves o gravísimas no podrán hacer publicidad sustentable.
Bajo este esquema legal, se busca evitar el “ecolavado de imagen”, junto con determinar ciertas sanciones que implican multas que van desde las 4500 UTM para las empresas que no cumplan lo dispuesto en el cuerpo legal.
Una vez aprobado por el Senado y promulgado por el poder Ejecutivo, este proyecto será un gran salto que dejará a Chile a la altura de países con un alto grado de desarrollo en temas relacionados de economía sustentable y respeto por la normativa ambiental.
La importancia de contar con un cuerpo de ley de estas características, radica en que más que la publicidad engañosa emanada del greenwashing, estas prácticas nefastas van retrasando el desarrollo de un modelo económico en el cual se inserte una verdadera sustentabilidad.
Por ello, es de vital importancia que tanto las comunidades, los consumidores y las instituciones destinadas a velar por un corrector desarrollo económico, cuenten con un ojo crítico que pueda detectar acciones que vayan en la dirección contraria a las verdaderas prácticas sostenibles.
El peor escenario para un futuro marcado por la sostenibilidad es ejecutar acciones colmadas de palabras vacías y meras campañas de marketing e imagen. Más allá de esas prácticas que no conducen a ninguna parte, se requieren con urgencia compromisos verdaderos, reales, tangibles y transparentes cuyo norte sea un cambio de paradigma en la manera que entendemos el desarrollo económico, y por ende, a nivel nacional y regional de la actividad minera.
Así, a nivel de empresas, de la comunidad y de la sociedad podremos entregar todas las condiciones necesarias para dar pie a un verdadero compromiso por una gestión responsable de los recursos naturales, que garantice un adecuado desarrollo económico y la preservación del medioambiente en todos los niveles que sea necesario.
