María José Andrade
Doctora en Economía, Empresa y Derecho
Presidenta del Sindicato de Trabajadores del Colegio Sankt Thomas Morus
Cuando hablamos de violencia en los colegios, el foco de atención siempre está en los alumnos, pero rara vez en el docente, que en el último tiempo ha sido víctima de distintos tipos de agresiones en el país, lo que -entre otras razones- ha motivado el llamado del Colegio de Profesores a realizar un paro nacional de 24 horas para hoy.
Este tema ha sido largamente tratado dentro de los mismos establecimientos y, debido al aumento de casos, el pasado 5 de junio ingresó al congreso el proyecto de Ley sobre “Convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas”, cuyo propósito es eliminar, de una vez por todas, el acoso, la discriminación y la violencia escolar.
Para conocer la realidad que en estos ámbitos se vive en todos los tipos de establecimientos escolares, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados invitó a la Federación Nacional de Sindicatos de Colegios Particulares (FESICOP) a exponer su visión sobre el tema, demostrando la importancia de que las organizaciones de trabajadores del rubro participen activamente al momento de tomar medidas y elaborar políticas educativas. Un excelente avance y una buena noticia.
El proyecto está todavía en discusión y los problemas van en aumento. Sin embargo, actualmente sí hay una herramienta que puede usarse en los colegios para proteger a sus funcionarios de situaciones de violencia: la Ley 21.643 o “Ley Karin”, cuyo fin también es la erradicación del acoso y la violencia, aunque no específicamente en comunidades escolares sino en relaciones laborales en general.
Esta nueva ley, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, podría ser un instrumento relevante en la gestión de todos los colegios; no obstante, y a diferencia de lo que hizo el Congreso al escuchar a la FESICOP, en muchos casos los sostenedores no han trabajado en colaboración con sus sindicatos para implementarla.
Así, podemos ver que en varios colegios privados se han elaborado protocolos de acoso sin la participación de sus directivas sindicales o sin acoger sus observaciones, resultando de ello, documentos que no se ajustan a la realidad específica de cada institución y que por tanto no constituyen mecanismos eficaces para el objetivo que deben cumplir.
Para crear comunidades educativas libres de violencia es fundamental legislar en favor de la protección de sus docentes, pero al mismo tiempo es imprescindible garantizar que la norma que ya está escrita sea aplicada de forma eficaz, y para eso es necesario el diálogo con las organizaciones que los representan.
