El compromiso del Fiscal, Ángel Valencia, se dio en el marco de una audiencia gestionada por la diputada Daniella Cicardini, junto a familiares de jóvenes desaparecidas de la Región de Atacama y familiares de Madeleine Segovia, sumado a sus respectivos representantes legales y la presencia del diputado Cristian Tapia.
Hasta el edificio institucional del Ministerio Público, en Santiago, llegaron los familiares de Tanya Aciares, Catalina Álvarez y Thiare Elgueda, jóvenes desaparecidas de la Región de Atacama; y familiares de Madeleine Segovia, mujer fallecida en una actividad turística en la Región de la Araucanía en 2023; sumado a sus respectivos representantes legales. Junto a los diputados Daniella Cicardini y Cristian Tapia, se reunieron en audiencia con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para denunciar múltiples falencias en los respectivos procesos investigativos por parte de las policías y la Fiscalía de la zona.
Al respecto, la diputada Cicardini, quien gestionó la audiencia, destacó que el jefe del Ministerio Público se comprometió a que cuando desaparece una persona, nunca más una Fiscalía podrá decir que su trabajo está terminado porque el culpable está condenado. Así, Valencia instruirá a todos los fiscales del país a agotar todas las instancias para encontrar el cuerpo de las personas desaparecidas, aun cuando exista una condena judicial al o los culpables de los casos.
“Nos parece un hito relevante la declaración y el compromiso del Fiscal Nacional, porque viene a dar respuesta y cierto nivel de tranquilidad a los familiares de las mujeres desaparecidas en Chile y Atacama, de que sus seres queridos no serán olvidadas, que los esfuerzos por encontrarlas continuarán, incluso más allá e independiente de la obtención de condenas, como sucede con Hugo Pastén en el caso de Catalina Álvarez”, indicó Cicardini.
Asimismo, la parlamentaria por la Región de Atacama señaló que “nosotros esperamos que esta instrucción se cumpla, y se sume al apoyo del gobierno y el Ministerio de la Mujer, y todas las instituciones responsables de dar continuidad a ese compromiso y al deber de encontrarlas; y por cierto valoro la disponibilidad del Fiscal Nacional de recibirnos y escuchar las diversas inquietudes de las familias en los diversos casos”.
Cuestionamientos a Fiscalía de Atacama
Los casos de Tanya, Catalina y Thiare han generado que la comunidad de Atacama se movilice para encontrarlas e instar a las policías y autoridades judiciales a acelerar las búsquedas. En la audiencia con el Fiscal Nacional, las familias manifestaron la necesidad de tener un persecutor público con dedicación exclusiva para el caso de mujeres desaparecidas y que las diligencias que se realicen las instruyan a funcionarios de policías que no sean de la región.
Esto, dado que existe desconfianza en el proceso investigativo realizado por funcionarios de las policías de Atacama y la denuncia de falta de diligencias oportunas que no se instruyeron por la Fiscalía regional.
La familia de Tanya Aciares Pereira, quien desapareció el 19 de octubre del 2018 a la edad de 14 años, reclamó por inconsistencias en el proceso investigativo que, de acuerdo a la Fiscalía de Atacama, determinó el hallazgo de osamentas el 28 de junio de este año.
A su vez, la familia de Catalina Álvarez Godoy, desaparecida el 23 de junio del 2019 con 16 años de edad, instó a fijar un nuevo punto de búsqueda en base a los antecedentes recolectados por ellos mismos. Éstos fueron entregados al Fiscal Nacional. Por este caso, sumado a los homicidios de Sussy Montalván y Marina Cabrera, fue condenado Hugo Pastén, el «psicópata del colectivo», a tres penas de presidio perpetuo.
Misma desconfianza en las autoridades expresó la familia de Thiare Elgueda, desaparecida el 2 de noviembre del 2020 con 19 años de edad, respecto a la información que dieron a conocer las autoridades de presuntos detalles de acciones previas o que hayan desencadenado en este evento por parte de la víctima.
Piden acelerar acciones por muerte de copiapina en trekking en la Araucanía
En relación a la muerte de Madeleine Segovia, otro de los casos judiciales abordados en la audiencia, su madre y hermano apuntaron a la poca entrega de información por parte del fiscal a cargo sobre las circunstancias de su deceso en las inmediaciones del volcán Lonquimay.
Según los antecedentes, la kinesióloga y senderista de 30 años, oriunda de Copiapó y funcionaria del Hospital Regional, viajó a la Región de la Araucanía para realizar trekking en un circuito a cargo de la Agencia Parapente Temuco. Sin embargo, cayó en una quebrada de cerca de un kilómetro de profundidad, falleciendo el 3 de agosto de 2023 producto del accidente.
La familia de Madeleine y abogados denunciaron que este hecho constituiría un cuasidelito de homicidio y obstrucción a la investigación. En ese contexto, la diputada Daniella Cicardini había solicitado previamente a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados oficiar al Sernatur para indagar si la empresa estaba registrada y cumplía con los requisitos de funcionamiento; y al SII para saber si la agencia cuenta con iniciación de actividades.
En base a las inquietudes expuestas, los parlamentarios presentes y representantes de la familia de Madeleine Segovia solicitaron al Fiscal Nacional realizar acciones para acelerar la labor investigativa en la Araucanía.
