El contrato, que fue aprobado en los respectivos directorios de ambas empresas estatales, fue cerrado en un precio de US$ 520 millones de los cuales se establece un pago a ENAMI contra la firma de contrato por US$182 millones, correspondiente al 35% del total, mientras que los US$338 millones restantes serán pagaderos en un plazo máximo de 120 días. Dentro de ese plazo se completarán ciertos hitos y condiciones habituales para este tipo de transacciones.
Acorde a la naturaleza de empresas del Estado de ambas firmantes y al rol que cumplen en desarrollo de la minería pública y especialmente, las funciones de fomento que desempeña la ENAMI, además las partes acordaron un amplio convenio de colaboración.
Entre las acciones que podrían desarrollar el convenio, que busca reforzar el apoyo a la pequeña minería y destacados proyectos de futuro de ENAMI, se considera evaluar el disponibilizar propiedad minera para la pequeña minería y profundizar traspaso de pertenencias; colaboración en iniciativas del negocio de fundición y refinería, incluido el Proyecto de Modernización FHVL; en la exploración, extracción y beneficio de litio y en logística de abastecimiento y venta de productos mineros y ácido sulfúrico; compartir buenas prácticas y transferencia tecnológica entre ambas empresas, y en el tratamiento de residuos y subproductos.
Para el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Mlynarz, esta transacción “significa un acuerdo justo, enmarcado en el plan de sostenibilidad financiera diseñado para mantener las operaciones de la empresa y que permita sanear en parte, la deuda que arrastra por años, ya que de US$740 millones se reduce a US$250. Este es un contrato que asegura la participación del Estado en Quebrada Blanca y que a ENAMI le permitirá seguir cumpliendo su rol único de fomento a la pequeña y mediana minería del país”.
