Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Escuela de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar.
La reciente designación de Diego Vela, ex presidente de Revolución Democrática, como nuevo integrante de la delegación chilena en la OCDE en París ha generado una oleada de cuestionamientos. El traslado de Rocío Valdés, una destacada profesional con amplia trayectoria en finanzas públicas, al Banco Mundial en Estados Unidos, ha dejado un vacío que cuesta entender desde una lógica puramente técnica. Valdés, quien ha trabajado en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, tiene un currículum impecable y una experiencia incuestionable en el ejercicio de las funciones que desempeñaba. Sin embargo, el Gobierno ha optado por dar un giro inesperado al seleccionar a Vela para ocupar este cargo clave.
Es cierto que el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, tiene la facultad de designar a funcionarios de su exclusiva confianza. Sin embargo, en un estado de derecho, estas decisiones deben estar debidamente fundamentadas, descartando cualquier tipo de arbitrariedad y capricho. En este caso, la opinión pública se pregunta: ¿cuáles son las razones detrás del nombramiento de Vela? Es posible que el Gobierno considere que solo él, con su formación académica y su experiencia política, puede desempeñar una labor tan esencial para los intereses de Chile en la OCDE, incluso mejor que la profesional desplazada. Pero hasta ahora, estas razones no han sido expuestas con claridad, lo que ha generado un manto de dudas.
Uno de los aspectos más críticos es que la ausencia de una explicación sólida refuerza la percepción de que el gobierno de Gabriel Boric, que se ha autodenominado «feminista», podría estar tomando decisiones que no responden a criterios técnicos. En lugar de valorar la experiencia y trayectoria de Valdés, la sensación es que hay intereses políticos y personales en juego y que son lo suficientemente poderosos como para instalar a un novel dirigente político del Frente Amplio en reemplazo de una funcionaria con la experiencia y trayectoria totalmente confirmada. La falta de transparencia alimenta la desconfianza y socava la credibilidad del gobierno, especialmente en un contexto en el que, durante la campaña, Boric prometió erradicar el «amiguismo» y los «pitutos» en la administración pública. ¿Es la designación de Vela un reflejo de este compromiso o es simplemente un ejemplo más de favoritismo partidista?
Este tipo de decisiones no solo pone en tela de juicio la capacidad técnica de los nombramientos, sino que también afecta la percepción que tiene la ciudadanía sobre la imparcialidad y seriedad de las instituciones del Estado. Boric se comprometió con la promesa de devolverle la dignidad a la política, prometiendo que los cargos públicos serán ocupados por los más competentes, pero con episodios como este, cuesta mantener esa esperanza. La ciudadanía merece saber si Vela ha sido designado por sus méritos profesionales o si es otro capítulo en la historia de favoritismos que tanto daño hacen a la institucionalidad.
La incertidumbre generada por este tipo de nombramientos nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué razones podría tener el Gobierno para considerar a Vela más idóneo que Valdés para una tarea tan relevante como la representación de Chile en la OCDE? El tiempo dirá si la decisión del Presidente Boric está alineada con los mejores intereses del país o si, por el contrario, se trata de otro caso en el que las promesas de campaña se desvanecen ante la realidad del poder.
En un contexto marcado por actos de tráficos de influencias y en general de corrupción que está afectando a la clase política e incluso a la estructura judicial del país, donde las instituciones necesitan recuperar la confianza de los ciudadanos, las decisiones deben ser impecables y, sobre todo, justificadas y la forma como se ha tramado el traslado de Vela a París no contribuyen a ello.
