En la última década, uno de los motivos por los cuales se ha ralentizado la inversión a nivel nacional y regional, tiene directa relación con la tramitación de los permisos necesarios para la puesta en marcha de distintos tipos de actividad económica.
Es habitual ver a empresarios -como también a sus distintas asociaciones gremiales- unirse bajo la queja sobre lo engorrosos que son los procesos a la hora de solicitar los permisos correspondientes. Su reclamo se basa tanto en la tramitación de estos, como en la gran cantidad de tiempo para que las solicitudes puedan llegar a resultados favorables.
Este es el punto de partida de la gran reforma a la permisología – impulsada por el Gobierno- en la que busca acreditar de la mejor manera que todos los procesos de inversión tengan un impacto positivo en las comunidades en las cuales se insertan y eviten desastres, a nivel ambiental, social y de gestión de estas organizaciones.
Sin embargo la opinión general del empresariado es que permisología en Chile es sinónimo de una gran cantidad de burocracia. Por ende, nada más ni nada menos que un obstáculo para la inversión, y como consecuencia, atenta gravemente contra los principios esenciales del crecimiento económico.
Pero más allá de entrar en polémicas, es necesario tener presente que el complicado y engorroso entramado de la los permisos y autorizaciones en Chile, tiene directa relación con el manejo que, tanto el empresariado como el Estado, han hecho del entorno en el que se desarrollan las actividades económicas.
Y la palabra que se entrecruza entre los dos actores más importantes del tema es una: RESPONSABILIDAD. Y es RESPONSABILIDAD porque ambos tienen la obligación de cumplir cada uno de sus compromisos y así lograr resultados que, por una parte se traduzcan en beneficio de su actividad económica, y que por otro, vayan en concordancia con entregar valor al territorio a mediano y largo plazo, fortalecer el sistema social en el que se inserta y las personas que forman parte de éste.
Y en el caso de la región de Atacama este hecho es evidente; los innumerables casos de contaminación por relaves, son un hecho que históricamente han afectado a distintas comunidades de la zona con consecuencias nefastas, tanto a nivel ambiental como a nivel social, el cual se ha traducido en un sostenido deterioro de los ecosistemas, como también de la calidad de vida de los habitantes de las distintas comunas de la región, como Chañaral, Diego de Almagro y Freirina, entre otras.
Tampoco el Estado ha dado muestras de actuar coherentemente con el desarrollo económico. Un estudio de la Comisión Nacional de Evolución y Productividad (CNEP) arrojó que el sistema de tramitación de permisos sectoriales prioritarios para invertir en Chile, muchas veces está por encima de la normativa legal.
Más aún, muchos de los procesos de estos permisos pueden extenderse hasta 11 años, lo cual unido a las bajas tasas de crecimiento de la última década, dan pie para unos magros resultados respecto a la actividad económica, sobre todo en sectores como la construcción y la minería, uno de los pilares de desarrollo de Atacama.
Es bajo este panorama – bien sombrío para todos los involucrados- en el cual los cambios legales impulsados por el Gobierno, buscan inyectar el dinamismo necesario para impulsar un adecuado desarrollo económico.
Esta modernización al sistema de permisología en Chile, tiene directa relación con autorizaciones tramitadas a 37 tipos de servicios, focalizados en 16 ministerios, con el fin de reducir tiempos, simplificar procesos y añadir una importante dosis de certeza a distintos procesos de inversión, teniendo siempre presentes los estándares técnicos y velando por la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente.
De esta manera, se busca dar cuenta de un sistema eficiente, con tiempos acotados y que responda a todos los sectores interesados en la puesta en marcha de actividades económicas, en proyectos que van desde proyectos mineros y energéticos hasta pequeñas iniciativas relacionadas con el comercio minorista y otras actividades que forman parte del día a día de los ciudadanos.
Se espera que con la implementación de este nuevo sistema, se proyecte -a través de normas claras y precisas- un aumento de la certeza jurídica. Además este nuevo compendio legal busca establecer una adecuada trazabilidad de los permisos gestionados.
En resumen, la nueva Ley de Permisología que pronto verá la luz, es un salto cualitativo en cuanto a modernización del Estado se refiere. En este nuevo escenario, nuevamente es necesario hacer un llamado a la RESPONSABILIDAD a todos quienes forman parte de este nuevo sistema de gestión de permisos.
Solo así se verá un cambio sustantivo entre quienes son los encargados de impulsar y resguardar un desarrollo económico que traiga equidad, cuide el medioambiente y mejore la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de este país.
