Patricia Donoso Elices, directora Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Enfermería UNAB.
La pobreza no es solo la falta de ingresos y recursos para garantizar medios de vida sostenibles; es un problema de derechos humanos. Actualmente, alrededor del 10% de la población mundial vive en pobreza extrema, enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y al saneamiento.
De acuerdo con el último informe de la ONU en 2023, si se mantienen las tendencias actuales, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema y solo un tercio de los países habrán reducido a la mitad sus niveles nacionales de pobreza para el año 2030. A pesar de la expansión de la protección social durante la crisis de la COVID-19, más de 4 mil millones de personas continúan sin protección alguna. La proporción del gasto público en servicios esenciales, tales como la enseñanza, la salud y la protección social, es significativamente mayor en las economías avanzadas que en las emergentes y en desarrollo.
En Chile, los resultados de la última encuesta CASEN señalan que la pobreza es de 6,5%, lo que equivale a 1.292.521 personas. Casi todas las regiones disminuyeron su tasa de pobreza, sin embargo, las regiones con mayor tasa son Ñuble (12,1%), La Araucanía (11,6%) y Tarapacá (11,0%).
La falta de recursos económicos puede impedir que las personas busquen atención de salud médica oportuna, resultando en diagnósticos tardíos y tratamientos inadecuados. Además, la falta de seguro médico agrava esta situación, dejando a muchos sin la posibilidad de recibir atención especializada. La pobreza también está asociada a viviendas inadecuadas, falta de acceso a agua potable y saneamiento deficiente. Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas y crónicas, afectando especialmente a niños y ancianos.
Asimismo, las personas en situación de pobreza a menudo no pueden permitirse una dieta equilibrada. La malnutrición y la inseguridad alimentaria son problemas prevalentes que contribuyen a una serie de problemas de salud, desde el retraso en el crecimiento infantil hasta enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.
El estrés constante asociado con la pobreza tiene un impacto significativo en la salud mental. La incertidumbre económica, la inseguridad laboral y las preocupaciones diarias sobre la supervivencia pueden llevar a altos niveles de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. La falta de acceso a servicios de salud mental agrava aún más esta situación.
Abordar la pobreza como un obstáculo para la salud requiere un enfoque integral que incluya políticas públicas efectivas, acceso equitativo a servicios de salud y programas de apoyo social. Todos los profesionales que conforman el equipo de salud desempeñan un rol fundamental y deben seguir trabajando incansablemente para mejorar el bienestar de las personas más necesitadas. Solo así se podrá garantizar que todos tengan la posibilidad de disfrutar de una vida saludable.
