Para abordar materias relacionadas con la psiquiatría forense en el ámbito penal en personas privadas de libertad, se constituyó en la región una mesa de trabajo intersectorial convocada por la secretaría regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, y en la cual participaron representantes de Gendarmería de Chile, Poder Judicial, la seremi de Salud y del Servicio de Salud de Atacama.
Según explicó el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay “esta instancia de coordinación intersectorial se desprende del trabajo de la Comisión de Coordinación de Sistema de Justicia Penal, liderada por nuestro ministerio y en donde se acordó la creación de una subcomisión de psiquiatría forense para abordar fundamentalmente la situación de las personas que se encuentran en establecimientos penitenciarios en espera de un cupo sanitario forense e impulsar acuerdos interinstitucionales que permitan disminuir los tiempos de ocupación de camas forenses, permitiendo mayor rotación y disminuyendo las listas de espera”.
Em este sentido, la autoridad regional precisó que se espera agilizar el acceso a atenciones para las personas privadas de libertad que requieren prestaciones de los dispositivos sanitarios de los servicios de salud, ya sea para el cumplimiento de la internación provisional, así como también para evaluación pericial psiquiátrica instruida por los tribunales de justicia.
El objetivo de esta instancia de coordinación intersectorial, añadió el seremi de Justicia y DDHH, Tomás Garay “responde al rol garante del estado en materias de protección de derechos humanos, dada la vulnerabilidad que representan las personas privadas de libertad que padecen patologías psiquiátricas, pero que al ser imputables ante la ley penal deben cumplir sus condenas o prisión preventiva en recintos penitenciarios, y que debido a su especial condición, requieren fortalecer su acceso a atenciones en salud mental oportuna para contar con la debida contención, tratamiento y/o medidas de seguridad personal tanto para su resguardo como para el resto de la población penal, así como también de funcionarias y funcionarios de Gendarmería a cargo de su custodia”.
