Por Ulises Carabantes Ahumada – Ingeniero Civil Industrial
Ex Secretario Regional Ministerial de Minería y Energía de Atacama
Hace aproximadamente diez días hubo dos noticias en Atacama que no dejaron de llamar mi atención, pero que vienen a ratificar una visión que me he formado a través de los años. Por un lado el freno, ojalá momentáneo, a un proyecto minero de mediana minería que busca ser desarrollado en la comuna de Tierra Amarilla, iniciativa que dará trabajo a mil doscientas personas en la etapa de construcción y seiscientos puestos laborales en la etapa de producción, y por otra parte el anuncio del inicio de programas de empleo por parte del Ministerio del Trabajo dentro de una región como Atacama que tiene la más alta tasa de cesantía de Chile. Resulta paradojal que el mismo Estado que ralentiza, que demora o en definitiva bloquea los proyectos de inversión que vienen a generar trabajo, aparece como el gran salvador de los cesantes con los llamados “programas de empleo”. Sin duda emerge como una perversa política pública el hecho de prohibir, de negar la generación de puestos de trabajo productivos, para después mostrarse como quienes acuden en ayuda de los sin trabajo. La burocracia estatal es una sola y los gobiernos actúan bajo un mismo criterio e internamente coordinados.
El anuncio “salvador” del Ministerio del Trabajo en Atacama para el presente año involucra mil cien millones de pesos para nueve mil beneficiarios buscados, es decir, un promedio de un poco más de ciento veintidós mil pesos por personas en el año. Un monto irrisorio si se trata de ayuda a los cesantes, entonces más que un programa de empleo anunciado por el Ministerio del Trabajo, estamos frente al uso de recursos fiscales para ir generando una base de clientelismo político electoral y por lo tanto podemos inferir que la demora o bloqueo de los proyectos de inversión que vienen a generar puestos de trabajos productivos en Atacama responde a un mezquino diseño orientado a mantener cesantes, muy aptos para transformarse en clientes electorales, a través de estos “dadivosos” programas de empleo, precisamente en un año electoral. Una lamentable constatación.
