Dra. Agnieszka Bozanic Leal, Presidenta Fundación GeroActivismo
Docente investigadora y precandidata a diputada por el distrito 7
Hace unos días, un medio nacional revelaba alarmantes cifras de personas mayores que han sido abandonadas a su suerte luego de recibir el alta médica en todo nuestro país. En toda la Región de Valparaíso, ya van 2.629 casos. No son cifras de una pandemia ni de una crisis repentina. Son el resultado de una política pública que, al no existir, se transforma en abandono.
Chile envejece, y no lo hace con dignidad. El último censo confirmó que en dos décadas se triplicaron los hogares compuestos solo por personas mayores. ¿Qué pasa cuando en uno de esos hogares alguien se enferma, pierde autonomía, necesita cuidados? Si no hay red familiar ni respuesta institucional, lo más probable es que termine en una cama hospitalaria… esperando. No por una cirugía, ni por un tratamiento. Esperando un cupo en una residencia. Esperando que alguien, en alguna parte, se haga cargo. Esperando no morir en el olvido.
Los hospitales públicos están haciendo lo que pueden con lo que tienen. En Llay Llay, donde se observa la mayor cantidad de pacientes sociosanitarios en el país (877), se gasta cerca de 9 millones mensuales para mantener a solo 12 personas mayores en residencias privadas, mientras se libera algún cupo en un ELEAM del Estado. En toda la región de Valparaíso, contamos con un único ELEAM público. Una cama en una residencia para una persona postrada cuesta $900 mil mensuales. Las pensiones, en cambio, bordean los $206 mil. Ese déficit no solo es económico: es ético.
El Estado ha optado por tercerizar el cuidado, apelando a la buena voluntad de hogares particulares o, en el peor de los casos, trasladando a personas mayores desde hospitales de alta complejidad a recintos más pequeños, donde deben esperar semanas o meses, hasta que el sistema les dé alguna respuesta… o hasta que llegue la muerte. El abandono es complejo, tiene capas. Pero no podemos seguir esperando que la familia lo resuelva todo sola, menos aún en un país con tasas de natalidad históricamente bajas y redes de cuidado sobrecargadas.
Frente a esta realidad, Canadá nos ofrece una lección valiosa. Tras la crisis de las residencias durante la pandemia, ese país inició un proceso de transformación para establecer una “Carta de Derechos para Personas Mayores en Cuidados”, fortaleció las fiscalizaciones, y comenzó a cerrar la puerta al lucro indiscriminado. Hoy, la regulación se aplica desde las provincias, y cada residencia debe cumplir estándares mínimos de calidad, seguridad, personal calificado y transparencia financiera. Se avanza hacia un sistema mixto con corresponsabilidad pública, donde el cuidado de largo plazo es un derecho garantizado, no un favor ni un lujo.
Chile necesita avanzar en esa dirección. Como gerontóloga, investigadora y mujer comprometida con la justicia social, propongo una Ley Integral de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores. Esta ley debe terminar con la lógica de mercado en el cuidado y poner en el centro la dignidad de quienes hoy son más vulnerables. Debe regular, fiscalizar y garantizar condiciones mínimas en todas las residencias, sin importar si son públicas, privadas o sin fines de lucro.
Porque cuidar no puede seguir siendo un negocio donde se lucra con la fragilidad. Lo contrario al abandono no es solo la presencia de una hija o un nieto. Lo contrario al abandono es un Estado que cuida. Un Estado que se hace cargo.
