Gracias a la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias, impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para garantizar la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nuestro país continúa avanzando en estas materias. Hoy contamos con una mejor institucionalidad para el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, contribuyendo a resarcir el daño que sufrieron miles de niños y niñas en nuestro país, muchas veces hasta llegar a la adultez, y el consiguiente empobrecimiento de sus madres. Esta deuda histórica de tantos padres, que a lo largo de nuestro territorio no resguardaron el derecho más básico de sus hijos e hijas a contar con los recursos económicos necesarios para alimentarse, vestirse o acceder a una vivienda digna que les permitiera enfrentar la vida en mejores condiciones, comienza hoy a repararse. Del mismo modo, se comienza a saldar también la deuda emocional que recayó sobre las madres de esos niños y niñas, quienes cargaron en sus espaldas y regazos todo el peso de la responsabilidad de la crianza y de cubrir, en soledad, las necesidades de sus hijos e hijas.
Durante el año 2023 y 2024 se llevó a cabo un intenso trabajo colaborativo, impulsado por el Gobierno de Chile a través del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto a diversas instituciones públicas con competencias en la implementación de la Ley de Pago Efectivo. Entre ellas destacan el Poder Judicial, la Comisión para el Mercado Financiero y otros organismos tanto públicos como privados. Este esfuerzo incluyó además el desarrollo tecnológico necesario para posibilitar el cobro de recursos adeudados, en muchos casos, por décadas. A este desafío se sumó también el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desde 2024 considera la deuda de pensión de alimentos como un factor en la clasificación socioeconómica. Esto permite que los hogares que no reciben la pensión correspondiente puedan reportar esta situación, de manera que sea considerada al momento de postular a beneficios del Estado.
Vale recordar que desde el año 2022, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsó una medida prioritaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric destinada a garantizar el pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas. La norma, aprobada durante ese mismo año, comenzó a implementarse en mayo de 2023, permitiendo que, desde entonces, el Estado asuma un rol como persecutor del patrimonio del deudor, creando además dos mecanismos para lograr el pago efectivo de las deudas desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de pensiones.
En octubre del 2024, y de acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, desde la implementación de la Ley de Pago Efectivo, los tribunales de familia del país habían ordenado pagos por más de 1 billón 380 mil millones de pesos desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de AFP de los deudores. A la misma fecha, es decir a poco más de un año de la implementación de esta ley, ya se habían pagado más de $588.275 millones.
Actualmente, en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos existen 267.347 deudores de pensiones de alimentos vigentes. En la Región de Atacama existen 4.948 deudores con inscripción vigente.
Tanto los mecanismos de pago como las sanciones establecidas en la ley han contribuido a que hasta el día 09 de abril del año en curso, se hayan realizado 154.976 cancelaciones. Es decir, cerca del 43% de los deudores que a nivel nacional fueron ingresados al Registro de Deudores, han pagado su deuda o llegado a un acuerdo de pago completo y suficiente aprobado por los tribunales.
Esta política pública ha generado una mayor confianza de las mujeres para judicializar las deudas y exigir el justo derecho del que son acreedores sus hijos e hijas. A la fecha el pago efectivo de pensiones ha beneficiado a 380.288 personas a nivel nacional. Por ello, desde las seremis de la Mujer y la Equidad de Género y de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, seguiremos redoblando esfuerzos para continuar avanzando en este cometido, sensibilizando sobre esta ley y difundiendo sus alcances, pues el pago efectivo de pensiones de alimentos: es un derecho fundamental de las infancias y adolescencias.
Fabiola Gallardo Torres Tomás Garay Pérez
Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Seremi de Justicia y DD.HH
