El ministro Jaime Gajardo Falcón resaltó hoy en Copiapó los avances logrados en el sector Justicia y Derechos Humanos durante 2024-2025 y los desafíos que restan hasta el término del período, al encabezar la Cuenta Pública Participativa de la cartera y los servicios dependientes y relacionados. Acentuó que, cuando en marzo de 2026, termine la actual gestión, “lo haremos con obras concretas y transformaciones institucionales profundas en ejecución o listas para ser implementadas en diversas áreas del sector Justicia y Derechos Humanos, las que hemos conseguido con el esfuerzo de nuestros equipos y con un respaldo político transversal”.
La Cuenta Pública de Justicia y Derechos Humanos se llevó adelante en el emblemático Liceo Bicentenario de Música de Copiapó Hugo Garrido Gaete y contó con la participación del subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz; la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; la diputada Daniela Cicardini; el delegado presidencial regional de Atacama, Rodrigo Illanes; el presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Carlos Meneses; General Inspector María Teresa Araya, Directora Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; el jefe de la III Zona de Carabineros de Chile, General Julio Marabolí; el jefe subrogante de la Región Policial de Atacama, Prefecto Fernando Uribe; y el fiscal Regional de Atacama (s), Álvaro Córdova.
Asimismo, participaron la defensora nacional, Verónica Encina; el director nacional (s) de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez; la directora nacional de Sename, María Eugenia Fernández; la directora nacional del Servicio Médico Legal, Marisol Prado; el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales; la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez; la directora de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá, Carolina Fernández y sus pares de Valparaíso, Región Metropolitana y Biobío, Gastón Gauche, Rodrigo Mora y Mauricio Decap, respectivamente.
El ministro Gajardo subrayó en primer término el desarrollo de una intensa agenda legislativa, que ha permitido que en materia de seguridad pública, “ya contemos con la Ley N° 21.694, referido a mejorar la persecución penal en materia de reincidencia y delitos de mayor connotación social; y la Ley N° 21.644, que modifica la carta fundamental para crear la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, en el Ministerio Público. La reforma constitucional para hacerse efectiva requiere la Ley Orgánica que fue despachada por el Congreso este mes. Es decir, hemos dado un paso fundamental para el combate contra las organizaciones criminales, con la reforma institucional al Sistema de Justicia Penal más importante desde su instalación en el país”
En materia de contribución a la gestión, transparencia y probidad institucional, en tanto, destacó que pronto será ley el articulado que moderniza el sistema notarial y registral, así como los avances en la tramitación del Proyecto de Reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Asimismo, indicó, se está avanzando en la tramitación de varios proyectos en materia de Derechos humanos.
El ministro resaltó los avances para la instalación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuyo propósito es ser la piedra angular de un nuevo Sistema de Justicia Penal Juvenil. El Servicio ya está operando desde enero de 2024 en la macrozona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y en Coquimbo) y desde enero de 2025 en la macrozona sur (Maule a Magallanes). Asimismo, dijo, “nos encontramos en pleno proceso de implementación de la última etapa del Servicio, correspondiente a la macrozona central (Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins). Con la instalación de la última etapa del nuevo Servicio en enero del 2026, el Gobierno cumplirá con la modernización de la institucionalidad en materia de reinserción social juvenil, poniendo término al SENAME y ofreciendo a los adolescentes y jóvenes un nuevo modelo para la intervención centrada en el desistimiento de la conducta delictiva y su efectiva reinserción”.
Una tercera línea de acción ministerial se refiere al Acceso a la Justicia. “Y, en este ámbito en particular, nuestros esfuerzos han estado centrados en la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, para lo cual hemos impulsado el correspondiente proyecto de ley, que fue aprobado en segundo trámite en la Comisión de Constitución del Senado y pasó en marzo a la Comisión de Hacienda. El Servicio Nacional surge a partir de la experiencia de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial existentes en el país (que en 2024 atendieron a cerca de 567 mil personas) y del Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Multiplicará sus recursos para brindar mayor atención profesional especializada, con énfasis en el apoyo integral a víctimas de delitos violentos”.
El ministro también subrayó en que “el Servicio de Registro Civil e Identificación tramitó más de 63 millones 600 mil solicitudes en 2024; y que en diciembre último se instaló un nuevo sistema de identificación, que es uno de los más seguros del mundo. Al 30 de junio de 2025 se habían realizado más de 2 millones 356 mil solicitudes de productos de identificación bajo este nuevo sistema, dentro de los cuales más de 1 millón 851 mil corresponden a cédulas de identidad chilena, 272 mil a cédulas de identidad extranjera y 232 mil a pasaportes. A la fecha se habían entregado 2 millones 136 mil documentos”.
En el Servicio Médico Legal, en tanto, destacó las “142 mil 906 peritajes tanatológicos, clínicos, de Salud Mental y de laboratorios; la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional, que ha significado cambios profundos en la forma de trabajar en este organismo; un amplio conjunto de proyectos de infraestructura, donde se resalta el nuevo SML de Santiago, que entrará próximamente en funciones; y el consistente aporte en materia de derechos humanos, que tanto el año pasado como en los primeros meses de 2025 ha significado la realización de un arduo proceso de digitalización para la identificación de osamentas para establecer su eventual relación con casos de víctimas de crímenes de lesa humanidad”.
La Defensoría Penal Pública, por su parte, “atendió más de 280 mil causas vinculadas a personas que requirieron abogados, destacando que seis Defensorías Regionales implementaron un piloto de defensa en género y la mayor parte de las personas fueron atendidas por defensa especializada según su condición”.
El ministro enfatizó en que, “en el corazón de las prioridades del Gobierno se encuentran la protección y difusión de los derechos de las personas”. Y en este marco, acentuó en el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que “puso a disposición de la ciudadanía por primera vez una nómina consolidada de las 1.469 víctimas de desaparición forzada, junto con un mapa georreferenciado de la última trayectoria conocida de las víctimas, en una página web que da cuenta del trabajo realizado por el Programa de Derechos Humanos para dar cumplimiento a los compromisos del Plan”. Destacó “la labor con las familias y el respaldo permanente al Comité de Seguimiento y Participación, que ha realizado 11 sesiones a la fecha y que ha incorporado a un representante del Cardenal Arzobispo de Santiago a su trabajo y a representantes de agrupaciones elegidas por estas”.
En este último año han aumentado significativamente las diligencias en terreno, tanto extrajudiciales como judiciales. A la fecha ya se han realizado 98 diligencias en terreno desde la creación del Plan Nacional de Búsqueda.
El Ministro puntualizó que sin perjuicio de las diligencias judiciales que se realizan en la ex Colonia Dignidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está trabajando con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con el Ministerio de Bienes Nacionales para concretar la expropiación de terrenos de la Villa Baviera (ex Colonia Dignidad) para establecer allí un sitio de memoria, debido a las atroces violaciones de derechos humanos registradas en ese lugar. Actualmente se está en el proceso de tasación.
Indicó que junto con la ejecución de las segundas versiones de los Planes Nacionales de Derechos Humanos y Derechos Humanos y Empresas hay que añadir la preparación de los compromisos que se propondrán este año para las terceras versiones. Asimismo, se debe indicar que se trabajó en la caracterización de víctimas de violencia institucional durante el estallido social, que incluye la incorporación de 405 personas, con lo que se totaliza un total de 1.391 afectados y afectadas. Asimismo, se aprobó y se puso en práctica el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Se desarrolló y concluyó el trabajo de la Mesa interinstitucional de trabajo sobre adopciones forzadas o irregulares. Asimismo, hace un mes concluyó su misión la Comisión asesora presidencial para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) , la que entregó su informe, con distintas propuestas de cambio.
Sobre el sistema penitenciario, enfatizó que “en materia de seguridad estamos abordando el tema legislativamente y con diversas medidas, que incluye el uso de elementos tecnológicos para la vigilancia y el control de los establecimientos y haciendo más rígido el sistema para quienes están vinculados o han estado vinculados al crimen organizado; así como en materia de infraestructura, donde estamos construyendo módulos especiales a lo largo del país, para aislar a quienes están calificados como de mayor peligrosidad”. Precisó que “se encuentra en la Contraloría para toma de razón la adjudicación de la licitación del sistema de inhibición de señal en 9 recintos penitenciarios (aquí en el C.C.P. Copiapó, además de CP Arica, C.C.P. Colina I, C.C.P. Colina II, C.D.P. Puente Alto, C.P. Valparaíso, C.C.P. Temuco, C.P. Valdivia y C.P. Puerto Montt). La contratación del servicio es por un plazo de 72 meses, con un costo que supera los 51 mil 118 millones de pesos”.
Resaltó el desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria que, en principio, “contempla 6 proyectos que ya se han terminados; 18 proyectos en ejecución, es decir, en distinta fase de desarrollo; y 12 iniciativas que también se encuentran en distinto nivel de avance, pero que requieren financiamiento para su construcción”. Indicó que, “durante 2025, se inició la operación del Centro Penitenciario La Laguna, en Talca, con poblamiento gradual desde abril. Al 30 de junio se encontraban 424 personas privadas de libertad en el recinto. La capacidad total de este recinto modelo es de 2.320 plazas. Asimismo, se produjo la densificación de Antofagasta (232). Además, de manera adicional, se iniciaron los trabajos de diseño para la primera etapa de la transformación del recinto de Punta Peuco en un penal común, que albergará a personas de edad avanzada, según disponga Gendarmería. En definitiva, se encuentran ya realizados o en desarrollo proyectos que implica poner al servicio de la comunidad 15.011 plazas, los que se encuentran financiados, con una inversión estimada en 1 billón 200 mil millones de pesos. Entre los proyectos se encuentra la Construcción del Complejo Penitenciario El Arenal, para 2.160 personas, incluyendo hombres, mujeres y módulos de alta y máxima seguridad”.
El ministro Gajardo también resaltó la importancia que tiene para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la participación social, que se expresa en numerosas áreas, partiendo por el Consejo de la Sociedad Civil; los diálogos ciudadanos; las consultas a la comunidad; y las Plazas de Justicia.
Al finalizar su intervención, Jaime Gajardo destacó que, luego de un insistente trabajo transversal en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “fuimos informados de la obtención de la certificación nivel Oro, el máximo existente en la evaluación del Sello de Igualdad de Género para Instituciones Públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ello nos alegra y nos compromete a seguir avanzando en materia de igualdad y no discriminación”.
