Por Diego Durán Toledo y Andrea Noria Peña
Durante los últimos días, varios han sido los spots propagandísticos del gobierno de Chile, solicitando a víctimas de las negligencias del extinto Servicio Nacional de Menores (SENAME) entre 1979 y 2021 a acercarse a entregar sus testimonios respecto a las vulneraciones que sufrieron bajo la custodia y “cuidado” del Estado, ante la Comisión Verdad y Niñez, creada el año 2024 por la administración Boric.
Esta Comisión, tiene como objetivo establecer una verdad histórica en relación con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de sus derechos humanos bajo la custodia del Estado.
En ese sentido, resulta imposible hacer las comparaciones de esta Comisión con otras que se han creado en el pasado, respecto a vulneraciones de los Derechos Humanos, como fueron las comisiones Nacional de Verdad y Reconciliación (“Informe Rettig”) respecto a víctimas con resultado de muerte del régimen militar y comisión sobre prisión políticas y torturas durante dicho régimen ( “Informe Valech”), por lo cual es necesario hacer un análisis respecto a aquellos/as elementos en que el Estado le falló a las víctimas de estas instancias.
El 19 de marzo de 1991, cuando en la naciente democracia el Presidente Aylwin, comunicaba al país los resultados del informe Rettig, dijo “en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera, para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas”, se avizoraba un futuro con reparación integral a los familiares de las víctimas de la dictadura.
Sin embargo, a la luz de los hechos, resultó ser más una quimera, considerando la permanencia del dictador como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y sus dificultades para avanzar hacia pasos vinculados con la resolución judicial de los casos señalados en el informe, más entendiendo la postura del gobierno de avanzar en la medida de lo posible en estos elementos, que se tradujeron prácticamente durante gran parte de los años 90 en escasos avances judiciales (salvos casos vinculados a un grupo específico de agentes de la DINA).
De hecho, durante esta época fundamentalmente la acción estatal se basó en reparaciones en materia de servicios como la creación del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) y otras medidas similares, más que no buscaban el fin último, que era la justicia hacia las víctimas.
A su vez, años después con la “Comisión Valech”, se abría una nueva ventana de esperanza respecto a aclarar crímenes asociado a la prisión política y torturas, ampliando el espectro de víctimas y dotando a un conjunto mayor de ciudadanos vulnerados en sus derechos de medidas reparatorias principalmente en materia socioeconómicas (pensiones por exoneraciones, torturas, entre otros) y si bien el Consejo de Defensa del Estado como una consecuencia tácita tuvo un rol más activo en la persecución de militares acusados de violaciones a los derechos humanos, la condición de “secreto” del informe Valech por 50 años, ha sido un obstáculo insalvable para lograr una reparación integral a las víctimas, protegiendo de una u otra manera a los victimarios que eran agentes del Estado.
Es por eso, que se hace más que necesario, que ante una nueva oportunidad histórica que se abre para que el Estado pueda resarcir el daño ocasionado a niños, niñas y adolescentes, a los cuales tenía la misión de cuidar, es que se hace explícitamente necesario que esta comisión no solamente genere un conjunto de medidas reparatorias vinculadas a la provisión de servicios hacia las víctimas, sino que también avance en lo más importantes para una reparación integral, que es el establecimiento de una verdad histórica y fundamentalmente la búsqueda de justicia mediante la persecución penal de los responsables de estas violaciones de derechos humanos, en tiempo y forma oportunas.
Solo de esta manera, este país al menos podrá cerrar adecuadamente una de sus múltiples heridas, quizás la más dolorosa, aquella que durante décadas afectó a niños y niñas inocentes que fueron víctimas de un Estado indolente, mediante un sistema que los invisibilizó y funcionarios/as estatales que vulneraron diferentes aspectos de su dignidad como niños que eran.
