Académica de arquitectura, Mg. Francesca Vives, Universidad Central sede Región de Coquimbo
Las ciudades no se construyen únicamente con materiales y planos, sino también con los valores que orientan su desarrollo. En el contexto actual, donde las políticas urbanas buscan responder a los desafíos de la sostenibilidad y la equidad, la accesibilidad emerge como un principio esencial para pensar espacios que acojan la diversidad humana en todas sus expresiones.
Comprender la accesibilidad como derecho implica integrar desde el origen del diseño urbano y arquitectónico. No se trata solo de cumplir con normativas o de aplicar soluciones técnicas, sino de construir una mirada común que promueva entornos inclusivos, legibles y amables. Este enfoque reconoce que todas las personas —independiente de su edad, condición física, sensorial o cognitiva— tienen derecho a desplazarse, participar y convivir en espacios que favorezcan la autonomía y el encuentro.
En Chile, la Ley N° 20.422 establece las bases para la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2022), un 17,6% de la población nacional presenta algún tipo de discapacidad, lo que refuerza la importancia de continuar avanzando en políticas y prácticas que fortalezcan la accesibilidad universal. Estos marcos normativos orientan y acompañan un proceso colectivo que involucra a todos los actores sociales: instituciones públicas, universidades, profesionales y comunidades.
Desde el ámbito educativo, la accesibilidad adquiere un sentido aún más amplio. La educación es, en sí misma, un derecho que necesita de entornos accesibles para hacerse posible. Las ciudades, al igual que los equipamientos educativos, forman parte de una red que permite o limita ese acceso. Pensar en veredas transitables, transporte adecuado y entornos seguros es también pensar en la posibilidad real de llegar al aula, participar de la vida universitaria y ejercer plenamente el derecho a aprender.
En mi labor vinculada a la calidad educativa universitaria, he podido constatar que la inclusión se construye de manera gradual, a través del diálogo, la sensibilización y la colaboración entre distintas disciplinas. Las acciones que promueven accesibilidad —en lo físico, lo pedagógico y lo digital— son parte de un mismo compromiso ético con la equidad. La ciudad y la educación se encuentran, así, en un mismo horizonte de cuidado y corresponsabilidad.
Avanzar hacia ciudades inclusivas y sostenibles requiere mantener una mirada de proceso, donde cada mejora y cada decisión aporten a una transformación cultural más amplia. La accesibilidad, entendida como práctica social y no solo técnica, nos invita a construir espacios que reflejen el respeto por la diversidad y el valor de lo común.
El verdadero progreso urbano y educativo se mide en la capacidad de acoger, cuidar y conectar a todas las personas que forman parte de nuestras comunidades. Diseñar con esa mirada no es un punto de llegada, sino un camino compartido hacia una sociedad más justa y empática.