Por Renato Toro Rodríguez, Doctor en Administración Estratégica de Empresas. Académico Adjunto Postgrado, Universidad San Sebastián.
Lo que Chile necesita es un cambio de paradigma radical: pasar de la tradición de aumentar el presupuesto en salud, a la de fijar metas para mejorar la gestión con estrategias.
Cada año los titulares periodísticos anuncian en esta fecha un aumento sostenido en el presupuesto destinado a la salud pública en Chile, para ser ejecutado el año entrante, sin embargo este incremento multimillonario no logra traducirse en una mejora tangible de las prestaciones, o en una mayor oportunidad de las atenciones para la ciudadanía. La realidad que viven millones de chilenos es la falta de horas para controles, la eterna espera por una cirugía o la lentitud burocrática para acceder a tratamientos vitales.
Esta brecha entre inversión y percepción es el síntoma de una patología mayor. En las últimas dos décadas, el gasto público en salud se ha multiplicado, representando hoy cerca del 20% del presupuesto nacional y el equivalente a 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Pese a este vasto esfuerzo fiscal, los problemas estructurales persisten y se agravan: hospitales colapsados, déficit de infraestructura y listas de espera que superan los 2.5 millones de personas.
El diagnóstico es claro: el problema central no reside en la escasez de financiamiento, sino en una falta de estrategia para gestionar los recursos y asegurar una ejecución eficaz y eficiente, que se traduzca en resultados concretos para los pacientes.
Nuestro país inyecta anualmente miles de millones adicionales al sector salud, pero observamos una alarmante ineficiencia en la ejecución del gasto. Un ejemplo flagrante es la subutilización de pabellones quirúrgicos, que en ciertos establecimientos alcanzan cifras de improductividad de hasta un 50% de su capacidad instalada. Esto es inaceptable mientras miles de beneficiarios esperan por una intervención que podría cambiar o salvar sus vidas.
La principal responsabilidad de transformar el presupuesto público en impacto real recae en los directivos de hospitales y servicios de salud. Aunque se ha avanzado con sistemas como la Alta Dirección Pública, este modelo aún adolece de falencias profundas: una rotación excesiva que anula la continuidad de los proyectos y un Estado que se conforma con medir procesos administrativos, en lugar de los impactos reales en la salud de las personas.
La ineficiencia en la gestión gubernamental ha debilitado avances logrados; una gestión sin preparación estratégica y sin un empoderamiento real desde el nivel central resultará siempre en una debilidad de la orientación a resultados.
En el sector público abundan los planes (de infraestructura, de listas de espera, de recursos humanos, entre otros). Pero lo que escasea es la estrategia. La planificación es el punto de partida operativo, pero sin una visión estratégica de largo plazo, los planes se vuelven fragmentados, dependientes del gobierno de turno y propensos a la discontinuidad. La ausencia de esta visión condena a la salud pública chilena a una gestión reactiva de «apagar incendios», en lugar de transformarla estructuralmente.
Lo que Chile necesita es un cambio de paradigma radical: pasar de la tradición de aumentar el presupuesto en salud, a la de fijar metas para mejorar la gestión con estrategias. Esto se materializa enfocando la gestión a los resultados, estableciendo objetivos claros y medibles (como reducir las listas de espera en un 50% o aumentar la productividad quirúrgica) y alineando todo el sistema hacia ellas, con incentivos claros y accountability para los directivos.
Es hora de elaborar un Plan País de Salud 2025-2035: una Estrategia Nacional consensuada que trascienda los cambios de gobierno y se enfoque en prioridades de alto impacto, como el fortalecimiento de la atención primaria, la digitalización de procesos, la formación de especialistas y el uso intensivo de tecnología.
Antes de demandar nuevos recursos, debemos optimizar lo ya existente. La salud exige un liderazgo estratégico capaz de transformar cada peso invertido en un resultado que se traduzca en una atención digna, oportuna y equitativa para todas y todos.
