Una fuerte crítica realizó la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, a la gestión del removido ex director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, Daslav Mihovilovic, apuntando a la necesidad de aclarar eventuales delitos tras la explicación del servicio sobre el financiamiento de una fiesta de lujo organizada por la entidad.
La parlamentaria fustigó al saliente director del organismo, señalando que “mientras Atacama vive una crisis educacional, registrando los peores resultados en la PAES, el SLEP hizo una fiesta de lujo, incluso con limusina. Esto es una burla inaceptable para miles de familias”, afirmó.
Junto con indicar que se debe descartar el eventual uso de recursos públicos, la parlamentaria manifestó especial preocupación por la propia declaración del SLEP respecto de los recursos utilizados, al afirmar que el evento habría sido financiado por proveedores del propio servicio.
“Es muy grave que se señale abiertamente que esta fiesta fue financiada por proveedores. Esto vulnera la probidad. Sería bueno saber si estos proveedores acordaron financiar esta fiesta antes de adjudicarse los recursos del SLEP”, sostuvo, subrayando la necesidad de esclarecer el origen de los recursos y las responsabilidades involucradas.
En esa línea, Cicardini advirtió que, bajo determinadas circunstancias, los hechos podrían incluso tener relevancia penal. “Si así fuera, podríamos estar en presencia incluso de delitos”, enfatizó.
La parlamentaria recordó que este episodio no es un hecho aislado dentro de la gestión del SLEP Atacama, apuntando a una seguidilla de situaciones graves que ya habían sido denunciadas con anterioridad. “Este no es el primer escándalo de esta dirección. Hemos denunciado abusos laborales, despidos injustificados, conductas misóginas y la información reciente que conocimos sobre la contratación de personas inhabilitadas para trabajar con menores”, enfatizó.
Si bien valoró la salida del director ejecutivo, Cicardini fue clara en señalar que esa decisión no agota las responsabilidades. “La salida del director ejecutivo era lo mínimo, pero no suficiente. Aquí también se deben asumir las responsabilidades políticas de quienes promovieron su llegada”, recalcó.
Finalmente, la diputada anunció que ejercerá sus atribuciones fiscalizadoras para esclarecer completamente lo ocurrido. “Vamos a oficiar a Contraloría para que se investigue este caso. Atacama se merece que quienes conducen la educación de nuestros niños sean serios”, concluyó.
